En una nota, recordaron que “la ratio de logopedas en el sistema público de salud español es de 19,12 por cada 100.000 habitantes, lo que nos sitúa a años luz de países como Francia (38,2) o Estados Unidos (51,1)”.

“Un bebé que nace con dificultades para comer, un joven que después de un accidente de tráfico no puede hablar, un periodista que pierde la voz, un niño que no aprende a leer y escribir como lo hacen sus compañeros, un niño que lleva un implante coclear, un anciano que ha perdido la audición, un enfermo de párkinson, alguien a quien han operado de un cáncer de lengua, una mujer transexual que desea una voz más femenina, una persona que sufrió una parálisis cerebral al nacer, una persona con autismo… Todas estas personas, de todas las edades, pueden verse beneficiadas por la ayuda de un logopeda”, enumera Ana Vázquez, presidenta del Consejo General de Colegios de Logopedas de España.

“En España solo la Región de Murcia (38,92) y Cataluña (35,89) presentan datos similares a los de los países punteros”, señala Vázquez, que explica que la falta de logopedas “compromete la calidad de vida en personas de todas las edades”, algo que puede observarse en muchos ámbitos de actuación, entre los que destacan “la insuficiente atención logopédica en los servicios públicos de salud y las enormes dificultades para encontrar un logopeda en los servicios educativos públicos”.

Además, recalcan que en pacientes con disfagia orofaríngea, la presencia de logopedas dentro de equipos de atención multidisciplinar consigue que entre el 65% y el 80% de los pacientes logren una alimentación oral más segura y eficaz.

“En el ámbito educativo se habla con frecuencia de logopedas o de intervenciones logopédicas, pero para acceder una plaza no se pide el título de logopeda, sino el de maestro”, agregan.

Los logopedas consideran “esencial” su papel en los centros educativos “por su valor de integración y de prevención, y para evitar el fracaso social y académico” que presentan las escuelas.