Así quedó de manifiesto en la votación sobre el Real Decreto–ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se adoptan medidas de contingencia ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE sin que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que defendió la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo y que se saldó con 40 votos a favor y 25 en contra.

Durante el debate de convalidación de este real decreto Calvo comentó que el Gobierno hubiese preferido no desarrollar una norma de estas características, ya que está “firmemente comprometido” con el proyecto europeísta.

No obstante, destacó que el real decreto contempla “cualquier situación que se tengan que afrontar en los días venideros” y defendió que ha trabajado “raudo desde el primer momento” para “identificar” los intereses de España, los de los españoles radicados en Reino Unido y los de los británicos afincados en España, así como los intereses comerciales, económicos y turísticos del país.

Explicó que del real decreto emana una “actitud constructiva” preservando las “buenas relaciones” con Reino Unido a partir de dos criterios: la temporalidad y la unilateralidad, un precepto éste que condiciona el contenido de las medidas a una reciprocidad por parte del Reino Unido.

Subrayó que su contenido afecta a los derechos de los ciudadanos y a las actividades económicas. En el primero de los casos, dijo Calvo, se garantizan los derechos de los trabajadores transfronterizos en la comarca del Campo de Gibraltar –que cifró en 14.000, de los que 9.000 son españoles-, mientras que el segundo se contemplan medidas en materia de servicios financieros, aduanas, contratos en el sector público, autorizaciones y licencias, material de defensa y doble uso, armas y explosivos, transporte terrestre y permisos de conducir.

Añadió que la expedición de los nuevos documentos de residencia es un proceso complejo pues se calcula que afectará en torno a 400.000 personas, que requiere de un plazo relativamente amplio que ha sido fijado en 21 meses desde la fecha de retirada.

También se incluyen medidas para garantizar a los españoles o nacionales de otros Estados miembros la continuidad de su actividad profesional en España, cuando obtuvieron el reconocimiento de sus cualificaciones profesionales en Reino Unido, con la finalidad de que no tengan que volver a obtener el reconocimiento.

A su vez, se reconoce su cualificación a los británicos residentes en España para que puedan seguir ejerciendo su profesión o actividad profesional. En el ámbito del empleo público, se prevé el mantenimiento de la condición de funcionario de la función pública española de los británicos que ostenten tal condición en el momento de la retirada.

Por su parte, se aclara cuál va a ser el régimen transitorio aplicable a las empresas establecidas en España que, a la fecha de retirada, tengan trabajadores desplazados temporalmente a Reino Unido, y se garantiza el mantenimiento de los comités de empresa europeos en empresas o grupos de empresas de dimensión comunitaria con Reino Unido que se hayan constituido o acordado con anterioridad a la fecha de retirada del Reino Unido.

Por último, los planes de contingencia desarrollan medidas de protección de los derechos de seguridad social, la asistencia sanitaria de los británicos en España, el acceso a la universidad, la cooperación policial y judicial internacional, los servicios financieros, las aduanas, la contratación pública, las autorizaciones y licencias, el transporte y los servicios aeroportuarios.

Por todo ello, apeló a la “responsabilidad” de los grupos para que convaliden una “herramienta fundamental e imprescindible para afrontar una situación inédita no solamente en el marco de la UE sino en la historia de España”.

Remachó su intervención presumiendo de que el acuerdo internacional en materia de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre España y Reino Unido es el primero rubricado sobre Gibraltar desde el Tratado de Utrecht (1713).

OPOSICIÓN

Javier Zaragoza (PSOE) reprochó al PP que “traicione a Europa y a España” por su “competencia con Voz por la radicalidad en la extrema derecha”, mientras que Belén Hoyo (PP) dijo que el Gobierno “no se toma en serio” el ‘Brexit’, ironizando con el hecho de que “sólo les ha faltado meter (en el real decreto) la exhumación de Franco”, y censuró al Gobierno que haya perdido una “oportunidad histórica” de hacer valer los intereses de España respecto de Gibraltar.

Antón Gómez Reino (Unidos Podemos) subrayó su apoyo al proyecto por responsabilidad “con nuestros pueblos” y solicitó al Gobierno que “no cargue las responsabilidades de las instituciones y de la economía sobre nuestros pueblos”.

Melisa Rodríguez (Cs) censuró al Gobierno que carezca de “proyecto real” para España debido a “su alianza con los movimientos populistas y nacionalistas”, si bien explicó su apoyo al real decreto por “lealtad al Estado, por nuestros jóvenes, nuestros agricultores, nuesteas pymes y nuestros autónomos”.

Jordi Xuclà (PDECat) lamentó que la cuestión del ‘Brexit’ no cope la agenda política ni el debate social y reprochó al Gobierno que no haya permitido al resto de grupos parlamentarios participar en un debate sesudo sobre esta cuestión. No obstante, justificó el apoyo de su grupo ante la trascendencia de la salida del Reino Unido de la UE.

Aitor Esteban (PNV) consideró un “churro” la posibilidad de discutir sobre reales decretos en un periodo próximo a la celebración de unas elecciones generales. A pesar de ello, se refugió en la importancia del ‘Brexit’ para apoyar este real decreto.