Ribera indicó en una entrevista a Servimedia que el sistema que regula el trasvase Tajo-Segura a través de la Ley de Montes “necesitará una reflexión” y “necesariamente tiene que haber novedades” tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, si bien apuntó que conviene “maximizar las cautelas y el rigor en su aplicación”.

La ministra apostó por analizar este asunto “con tranquilidad y con calma” con el fin de asegurar “el volumen de agua que resulte necesario para los ciudadanos, vivan donde vivan en España". “Habrá que plantear una reflexión sobre cuánto y que es el agua que se necesita, sabiendo que el agua que se necesita no es necesariamente la que hay”, dijo.

Ribera subrayó que el debate no debe centrarse sólo sobre “quién tiene derecho al aprovechamiento económico del agua”, sino que “otra parte de la discusión está infrarrepresentada, que es quién garantiza el buen estado ambiental de las masas de agua”.

Ribera precisó que el Tribunal Supremo no ha dictado “un pronunciamiento expreso” sobre el trasvase Tajo-Segura, salvo una desestimación de las pretensiones de las confederaciones de regantes sobre las tarifas que había fijado su antecesora como ministra, Isabel García Tejerina.

“Ellos consideraban que eran excesivas y el Tribunal Supremo confirma que la cuantificación de esas tarifas por el trasvase hechas por el Ministerio son correctas. Por lo tanto, habrá que actualizar todo ese volumen de recursos, que está llamado precisamente a cubrir los costes que supone la infraestructura del trasvase y que, por ahora, estaba un poco en el limbo hasta tanto se pronunciara el Tribunal Supremo”, apostilló.

Respecto a la política hidráulica, Ribera indicó que “llevamos dos semanas en que el Tribunal Supremo no hay día que no nos anule alguna de las decisiones sobre planificación de los últimos años, lo que pone de manifiesto que hay que andarse con mucho ojo y no hacer demagogia en torno al agua, sino ser conscientes de que es un bien escaso y que necesita anticipación, planificación y consideración como un bien público ambiental, delicado y precioso”.

Por ello, apostó por “actualizar el modelo de gobernanza” porque “todavía responde a premisas del pasado” y consideró “absolutamente innegociable” determinar cauces ecológicos y asegurar el buen estado de las masas de agua.