Greenpeace despliega en Madrid una factura gigante para exigir a los partidos “que no se olviden del medio ambiente y las personas”

- La organización ecologista presenta un documento con 69 medidas “clave” a tener en cuenta en los programas electorales

Madrid
SERVIMEDIA

Cuatro activistas de Greenpeace han colgado este jueves una factura de cerca de 300 metros cuadrados en una de las torres de la Plaza de Colón de Madrid que, con el lema ‘Nos están costando la vida. Nos están costando el planeta’, simula la “factura medioambiental y social que dejan las prácticas políticas y empresariales y que paga la ciudadanía” y cuyo objetivo es exigir a los partidos políticos “que no se olviden del medio ambiente y de las personas” en la campaña electoral que arranca esta medianoche.

Según informó la organización ecologista, estos costes “están ya condicionando el presente y comprometiendo el futuro de las próximas generaciones”, por lo que esta iniciativa pretende denunciar que las “malas prácticas” de las grandes empresas y las actuales políticas “no solo destruyen el medio ambiente sino que generan una sociedad cada día más desigual y una pérdida de derechos que sufren especialmente las mujeres y las generaciones más jóvenes”.

“La situación no aguanta medias tintas, o se actúa ya con decisión y audacia en la lucha contra el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación de nuestros océanos ahogados en plásticos o el legado que dejaremos a la siguiente generación, que está saliendo a la calle a exigir soluciones, acción y determinación, será vergonzoso”, declaró el director de Greenpeace, Mario Rodríguez.

69 MEDIDAS

Greenpeace aportó, asimismo, un total de 69 medidas que considera “esenciales” para revertir la situación y afrontar los “enormes retos” a los que, a su juicio, se enfrenta la sociedad española, con el convencimiento de que el “coste de la inacción frente a problemáticas como el cambio climático puede llegar a ser mucho más caro que el coste de actuar ya”.

Entre estas medidas, abogó por frenar el calentamiento global en 1,5 ºC, una necesidad “ineludible y urgente”. “Queda algo menos de una década para conseguirlo”, prosiguió la organización, que presentó, 13 medidas centradas en aumentar la “ambición climática” y en la incorporación de todos los sectores en la transición ecológica de la economía, para lograr la reducción de emisiones al menos en un 55% en 2030 y conseguir la descarbonización completa para 2040.

También estimó “urgente” reconocer el “valor” de la protección del medio ambiente y su biodiversidad como “vector” de la transición ecológica de la economía española y dotándola de recursos, para lo que se proponen 15 medidas, como el cumplimiento de la normativa europea en materia medioambiental o la persecución del delito de robo de agua y de las actividades que contaminan.

En materia de consumo, presentó 16 medidas como la eliminación y reducción de los envases y el uso de plásticos de un solo uso y recordó que las ciudades son espacios con un “gran potencial” para favorecer la transición ecológica de la economía.

La organización también resaltó que la Unión Europea tiene la “obligación y la capacidad” de evitar el “desastre climático”, por lo que le instó a “liderar” una respuesta “global, coordinada y urgente que ponga fin a la inacción continuada de los gobiernos europeos”.

A este respecto, la directora de programas de Greenpeace, reclamó “responsabilidad” ante una “situación de urgencia”. “Se nos acaba el tiempo y esta situación de emergencia climática y social constituye también una oportunidad para apostar por una economía solidaria, verde, que redistribuya la riqueza en nuestro país y la transición ecológica es una oportunidad para transitar hacia un nuevo modelo productivo”, prosiguió. “En este país estamos demasiado acostumbrados a ver cómo se socializan las pérdidas mientras se privatiza la riqueza”, espetó.

Finalmente, Greenpeace también aportó otras 11 propuestas para frenar la pérdida de derechos y la reducción del “espacio democrático vital” que incluyen acabar con la ley mordaza o aprobar un tratado vinculante sobre empresas y derechos humanos.

(SERVIMEDIA)
11 Abr 2019
MJR/gja