Esas entidades instan en el documento a todos los partidos políticos a que asuman la firma de un Pacto de Estado por la Seguridad Vial que ponga el foco en “cero lesiones graves y mortales como único objetivo éticamente defendible”.

También piden que las formaciones políticas introduzcan la seguridad vial en el debate político e incluyan acciones concretas en sus programas electorales con el fin de frenar los siniestros viales, que en España acabaron con la vida de 1.830 personas en 2017 (cerca de cinco víctimas mortales al día) y causaron más de 9.000 heridos graves.

CARRETERAS QUE PERDONAN

Algunas de las propuestas están enfocadas a las infraestructuras. Por ejemplo, incrementar en 300 millones de euros la partida destinada a la conservación viaria en los Presupuestos Generales del Estado, mejorar el firme de las carreteras e invertir en equipamiento que salva vidas, como barreras de seguridad y una mayor señalización e iluminación, especialmente en las carreteras convencionales, por las que circula un 40% de los vehículos y donde se producen cada año el 75% de los accidentes mortales.

El informe plantea también crear el marco normativo necesario para corregir, con carácter urgente, los tramos peligrosos, así como poner en marcha un programa de “carreteras que perdonan” que contribuya a reducir la siniestralidad por salida de vía, causa por la que fallecen cuatro de cada 10 conductores.

VEHÍCULOS

Promover la seguridad de los vehículos es otro de los objetivos que persigue el plan, que pone de manifiesto la necesidad de que los fabricantes de automóviles acorten los plazos para incorporar los últimos avances tecnológicos como elementos de serie y desde las versiones más económicas.

También sugiere al Gobierno que trabaje en un nuevo Plan PIVE para facilitar la renovación de un parque de vehículos más seguros y ecológicos, y que promueva la instalación de limitadores inteligentes de velocidad, así como otros sistemas de asistencia a la conducción (ADAS) y ‘alcolocks’, este último, tanto en los vehículos de conductores profesionales como en los que utilicen las personas con problemas de adicción al alcohol.

CIUDADES

El documento también pone el foco en reforzar la seguridad de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2018 y se registraron 4.780 heridos hospitalizados. Así, propone medidas urgentes para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas) con la creación de más vías específicas para ciclistas y promoción del uso del casco en ciudades.

Además, sugiere reforzar la señalización, promover que los vehículos más seguros y los menos contaminantes puedan circular en determinadas zonas, y desarrollar un programa específico para usuarios de patinetes y otros sistemas de movilidad personal urbana que restrinja su uso exclusivamente en las calles calmadas, es decir, aquéllas donde el límite máximo de velocidad es de 30 km/h.

También pone de manifiesto la necesidad de que se incrementen las ‘zonas 30 km/h’ porque ayudan a calmar el tráfico y proteger a niños, personas mayores y ciclistas, entre otros, así como promover campañas de concienciación para reducir el número de peatones que fallecen tras haber consumido drogas o alcohol.

LESIONADOS MEDULARES Y MAYORES

Respecto a las víctimas, el plan propone disminuir el tiempo de respuesta (los llamados ‘minutos de oro’) en caso de accidente grave y crear un protocolo que permita trasladar al herido lo antes posible al centro hospitalario más adecuado a su lesión.

El informe defiende la idea de incorporar a los servicios de urgencias de los hospitales a psicólogos especializados en atender adecuadamente desde su llegada al hospital a las víctimas de accidentes viales, entre otras, así como ampliar el número de unidades sanitarias públicas de lesionados graves (cerebrales y medulares) para que puedan ser tratados precozmente y cuenten con una asistencia especializada multidisciplinar.

También propone que se reconsideren los protocolos de exámenes psicotécnicos para conductores a partir de los 70 años o más, así como un estudio más exhaustivo de las limitaciones de la persona (vista, oído, medicación, somnolencia y problemas psiquiátricos, entre otros) con el fin de establecer con mayor precisión las posibles restricciones asociadas al permiso de conducción de estos conductores.

JUSTICIA

El documento también recoge un capítulo judicial en el que se insta a la inmediatez de la justicia, el fomento de los juicios rápidos y la aplicación estricta de la ley para evitar sentencias contradictorias.

Las entidades firmantes plantean la necesidad de que se agilicen los procedimientos judiciales, se mejore la atención a las víctimas en los tribunales de Justicia y que intervenga el Ministerio Fiscal en todos los procesos penales por siniestros con fallecidos o heridos graves.

También abogan por incrementar la formación de fiscales y magistrados sobre el baremo de indemnización a víctimas, que se elaboren los atestados con información más detallada sobre la situación de las víctimas (como, por ejemplo, si el desplazamiento se realizaba por motivos laborales) y que se tipifique en el Código Penal el uso del móvil en el transporte escolar y de viajeros como conducción temeraria.

Por último, la Fundación Mapfre, Aesleme y AEC también incluyen medidas relacionadas con la formación, como incluir un mínimo anual de 10 horas de clases teóricas obligatorias presenciales de seguridad vial para mejorar la formación de los nuevos conductores, promover el uso de los simuladores de conducción como complemento a la formación actual teórica y práctica para la obtención del permiso de conducir, y fomentar los cursos de conducción segura para las personas con poca experiencia o con más de 20 años de carné.