A su juicio, se trata de una norma que "no ha cumplido con los trámites preceptivos para su publicación en tanto debería haber sido consultado de forma previa al Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid". “No se ha garantizado por ello la participación efectiva de la intervención de todos los sectores de la comunidad educativa, lo que debe abocar a la declaración de su nulidad”, según esta entidad.

Giner de los Ríos considera que “el motivo de esta omisión es claro, no encontrar obstáculos a la hora de continuar de forma encubierta un concierto educativo en los centros privados concertados, incluso en enseñanzas postobligatorias, hecho que de base no está permitido por nuestra legislación, acogiéndose a un sistema de becas que no son otra cosa que un claro fraude de ley”.