A pesar de este repunte, las cifras están muy por debajo de la serie histórica de los últimos años. Además, la Comunidad de Madrid continúa presentando las tasas más bajas de criminalidad juvenil de toda España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Así, la tasa de infracciones penales cometidas por menores de la región es un 4% mejor que la media nacional y la tasa de menores condenados está un 37% por debajo de la del resto de España.

Según los datos de Arrmi, el pasado año se ejecutaron 3.417 medidas judiciales a jóvenes infractores de la Comunidad, un 6% más que en 2017. En ocho de cada diez casos, los jóvenes cumplieron medidas que no suponen internamiento (bien medio abierto, bien reparaciones extrajudiciales).

PERFIL DEL MENOR INFRACTOR

El perfil del menor infractor es el de un varón (el 79,4 % del total), de nacionalidad española (76,2 %), de entre 17 y 18 años (50,9 %) y que ha cometido un delito de hurto o robo (49,7 %). Tras este tipo de delitos, las infracciones más frecuentes entre estos jóvenes son las lesiones (15,6 %) y las agresiones de hijos a padres (14,5 %). Los delitos más graves, como pueden ser homicidios, asesinatos o los de carácter sexual, continúan siendo poco habituales y apenas alcanzaron el 1,6% del total. Además, en la gran mayoría de los casos, lo son únicamente en grado de tentativa.

Los datos de 2018 recogidos por Arrmi muestran tres tendencias destacables respecto al año anterior. Por un lado, aumenta la media de edad de los jóvenes infractores en la Comunidad de Madrid y la franja predominante pasa a ser la de los 18 años. El dato positivo es que se reduce la participación en delitos de los más pequeños: el número de menores de 14 y 15 años que cumple medida judicial disminuye en casi dos puntos.

Por otro lado, continúa creciendo el número de mujeres atendidas por la Agencia, que ya supera la barrera del 20 % del total de jóvenes infractores. De hecho, en delitos como el maltrato a los padres, en uno de cada cuatro casos la autora es mujer.

Por último, en 2018 también resulta destacable el incremento en un 10% de las medidas judiciales de medio abierto impuestas por los jueces de menores. En estos supuestos, en seis de cada diez casos las medidas aplicadas por los jueces han sido libertades vigiladas.