Según informó hoy la Policía, los agentes han investigado a un total de 36 personas, 26 de las cuales han sido detenidas, como presuntas autoras de delitos contra la Seguridad Social, frustración de la ejecución, fraude a la Seguridad Social y grupo criminal.

Las investigaciones comenzaron el año pasado, cuando los agentes recibieron 18 denuncias sobre la presunta comisión de delitos contra la Seguridad Social en Cataluña. Los implicados en este fraude, con el fin de eludir el pago de cantidades adeudadas y frustrar las aspiraciones de cobro, crearon en unos casos grupos fraudulentos de empresas y en otros sucesiones empresariales opacas.

En uno de los casos, la sociedad investigada nació con la idea de ser un instrumento para el delito, y para ello ocultaron al dueño real de la sociedad poniéndola a nombre de la hija del cabecilla de la trama, de tres años de edad, con la connivencia de su expareja. Además, el principal investigado puso como testaferro a su hermana, mientras que él mismo se atribuyó el poder general de actuación de la empresa, siendo reconocido por los trabajadores como su jefe al igual que la madre de la niña.

El impago sistemático a la Seguridad Social supuso que la empresa haya utilizado este fraude como una herramienta de gestión empresarial, reduciendo costes frente a competidores del sector. Con este fin, la sociedad contrataba a sus empleados con un alta del 50% de jornada, o bien sin darles de alta en la Seguridad Social por un sueldo que rondaba los 800 euros, obligándoles a realizar portes durante jornadas maratonianas de hasta 12 y 14 horas.

El perjuicio económico a la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 308.689,26 euros, si bien sólo en los dos años investigados tuvieron un balance de pagos positivo de 618.837,74 euros, cantidad más que suficiente para haber afrontado sus deudas con la Seguridad Social, según la Policía.

La investigación de otro de los asuntos investigados comenzó por una denuncia presentada desde Barcelona, detectándose la existencia de un grupo empresarial opaco compuesto por 17 sociedades que, al igual que en el primer caso, se dedicaban al transporte de mercancías por carretera. El entramado tenía ramificaciones en siete provincias españolas, por las que los agentes tuvieron que seguir la pista a los autores de los delitos hasta llegar a Granada, donde fueron detenidos.

La deuda a la Seguridad Social ascendió a 2.505.594,87 euros, arrestándose a seis personas como presuntas autoras de siete delitos contra la Seguridad Social, un delito de frustración de la ejecución y un delito de grupo criminal.