“La ausencia de asistencia jurídica en dichas entrevistas supone una clara vulneración del derecho a ser oído de estos niños”, explicó el presidente de la plataforma, Adolfo Lacuesta, tras conocer el proceso para repatriar a 23 menores extranjeros no acompañados a Marruecos iniciado por el Gobierno de España.

“No es la primera vez que esto ocurre. Desde 2003 a 2008 se llevaron a cabo en España repatriaciones sin garantías a las que puso fin el Tribunal Constitucional con su sentencia de 2008. El Tribunal consideró que ninguna de las administraciones que intervenían en el procedimiento de repatriación estaba haciendo valer el derecho a ser oído del menor”, explicó la ONG.

El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas también mostró su preocupación en 2010 por los casos de repatriaciones de niños extranjeros sin las garantías necesarias como el acceso a un abogado, servicios de interpretación, el examen del interés superior del niño y su respeto a ser oído, y solicitó a España que adoptara todas las medidas necesarias para evitar los procedimiento irregulares en la expulsión de niños, niñas y adolescentes no acompañados.

La Plataforma de Infancia recordó al Gobierno que “España tiene pendiente la reforma del procedimiento de determinación de la edad”, al considerar el Comité de los Derechos del Niño que deja fuera del sistema a niños y niñas, por lo que le instó a elaborar uno “que sea respetuoso con los derechos humanos y se utilice únicamente en casos de graves dudas acerca de la edad” de los menores.