Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Malta, Noruega, Reino Unido, Suecia y Suiza han detenido, investigado o amenazado con penas de prisión o multas a cooperantes y voluntarios.

Los defensores de los derechos humanos advierten de que, si los partidos de extrema derecha logran mayor representación en las próximas elecciones europeas, es probable que aumente aún más el número de detenciones de personas vinculadas con ONG o que, a título personal, colaboran con refugiados.

En España, el bombero Miguel Roldán, que colabora con la ONG de rescatistas Proem-Aid en Lesbos, afronta un proceso judicial en Italia por cargos que pueden llegar a 20 años de cárcel por salvar migrantes.

Según el informe de la plataforma ‘OpenDemocracy’, entre los sancionados también hay media docena de religiosos, entre ellos un pastor evangélico detenido en las montañas suizas durante la celebración de un servicio religioso. También hay casos de personas de tercera edad, como una anciana danesa de 70 años que ha sido multada por ofrecerse a llevar en coche a una familia de refugiados con niños pequeños.

El informe se ha realizado con la ayuda de varios periodistas europeos que han documentado los casos en cada país. “La mayoría de los casos se dieron en siete países: Italia, Grecia, Francia, Reino Unido, Dinamarca y España”, asegura el informe.

Entre los españoles, también es conocido el caso de la activista Elena Maleno, de la organización Caminando Fronteras. Ella fue investigada por un presunto delito de tráfico de seres humanos y favorecimiento de la inmigración ilegal por auxiliar e informar de las pateras que salían con destino a España.

Finalmente, un tribunal de Tánger (Marruecos) que investigaba la causa contra la defensora de los derechos humanos, archivó el procedimiento. Maleno, que también es periodista, es conocida por advertir a Salvamento Marítimo de las embarcaciones que parten de Marruecos para cruzar el estrecho.

Como recoge el informe, la legislación española persigue con pena de cárcel a quienes, directa o indirectamente, promuevan o favorezcan la inmigración ilegal o clandestina con penas de cárcel entre cuatro y ocho años.