Se trata del último tramo de la instrucción de esta causa que desembocará en la apertura de juicio oral contra los presuntos responsables de esas irregularidades. La Fiscalía Anticorrupción no encuentra indicios sólidos de que Gallardón autorizara personalmente la compra de Inassa a través de una empresa con domicilio social en un paraíso fiscal o que estuviera al tanto del posible cobro de comisiones

Anticorrupción afirma que los hechos que deberán integrar esta pieza comprenden los relativos a la expansión internacional que en el año 2001 del Canal de Isabel II en Colombia mediante la adquisición del 75% de la sociedad Inassa para lo cual utilizó una sociedad vehículo de nueva creación llamada Canal Extensia SA, participada en un 75% por la compañía de aguas madrileña y en un 25% por la mercantil valenciana Técnicas Valencianas de Aguas SA. La adquisición estaba sometida a la previa autorización del Consejo de Administración del Canal y del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ruiz Gallardón fue llamado a declarar como investigado en la Audiencia Nacional el pasado 7 de junio de 2018. En su declaración defendió la legalidad de todos los pasos dados para la compra de Inassa y negó tener conocimiento alguno de que se hubieran cobrado comisiones por la operación.

Canal de Isabel II compró Inassa en 2001 por 73 millones de dólares, una cifra que excedía el valor de mercado de la compañía. Además, la operación no se realizó directamente, sino a través de la compra de sociedades intermedias como la sociedad dominicana Watco o la Sociedad de Aguas de América.

Según Anticorrupción, “la adquisición de Inassa por el ente público estuvo plagada de ilicitudes y, contrariamente a lo autorizado, se realizó de manera indirecta, pues lo que realmente se compró fue la sociedad panameña Aguas de América SA, entre cuyos activos se encontraba el 75% de Inassa y el 51% de la sociedad dominicana Watco, provocando un desvío de los fondos públicos destinados a su pago debido, principalmente, al sobreprecio abonado y a la inclusión dentro de su objeto de activos no autorizados ni valorados (Watco SA) que no redundaron en ningún beneficio para la Administración autonómica”.

Según el ministerio público, “la actuación conjunta de los investigados” propició el pago de un sobreprecio de “entre 23.000.000 dólares y 35.485.981 dólares (entre 25.422.000 € y 38.684.145 €)”. De esta cantidad, se destinaron 1.500.000 dólares (1.657.892 €) a la adquisición del 51 % de Watco, “para la que los investigados carecían de autorización”.

De acuerdo con el porcentaje de su participación en Canal Extensia, Canal de Isabel II “abonó indebidamente de ese sobreprecio un importe comprendido entre 17.250.000 dólares y 26.250.000 dólares (19.066.500 € y 29.013.109 €), del que 1.125.000 dólares (1.243.419 €) para la compra de Watco SA”.

Anticorrupción solicita en su escrito que en el auto de transformación en procedimiento abreviado, el paso previo a que los acusados se sienten en el banquillo, que se incluya al ex director gerente del canal Arturo Canalda, tuvo varios cargos después de los que dimitió por su implicación en el `caso Lezo´.

La Fiscalía entiende que no ha quedado suficientemente acreditada la participación delictiva en estos hechos del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, del abogado Edmundo Rodríguez Sobrino y de Gaspar Cienfuegos Jovellanos, para los que se solicita el sobreseimiento de la causa. En el caso de los dos primeros, la petición de sobreseimiento sólo se refiere a la causa por la compra de Inassa y no a su participación en los delitos que se investigan en las piezas 1, 2, 3, 5 y 9 del `caso Lezo´.

De igual modo, solicita el sobreseimiento para Jesús Sánchez Sánchez, que asesoró a varios investigados en la constitución de varias sociedades usadas en la ocultación de su participación en las empresas interpuestas; de Salvador Cardona Aucejo, director gerente de Tecvasa, que actuó en defensa de esta firma y de Ángel Varona Grande, secretario de los Consejos de Administración de Canal de Isabel II.

Exculpa también al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón, a Manuel Cobo Vega, a María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra, todos ellos integrantes del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 29 de noviembre de 2001 en el que por unanimidad autorizó al Canal a constituir Canal Extensia SA para la adquisición de Inassa.

Anticorrupción insta a continuar los trámites del procedimiento abreviado contra Francisco Olmos Fernández Corugedo, Francisco Javier Vilaplana Oliva, Esteban Palacios Ortega, Ángel Conde Álvarez, Santiago García Benavides, José Antonio de Cachavera Sánchez, Juan Pablo López Heras, Arturo Canalda González, Pedro Calvo Poch, Juan Bravo Rivera, Ignacio López Galiacho Perona, Juan Mª del Álamo Jiménez, Fernando Autrán Pérez, Francisco Díaz Latorre, Adriano García Loygorri Ruíz, José Manuel Herrero Sanz, José Antonio Llanos Blasco, Roberto Molero Gómez-Elegido, Andrés Muñoz Hernández, Agapito Ramos Cuenca, Miguel Ángel Saldaña Egido y Roberto Sanz Pinacho por hechos presuntamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos agravado.

Además, la Fiscalía pide el sobreseimiento provisional y archivo de la causa para Jaime Ignacio González González, Edmundo Rodríguez Sobrino, Gaspar Cienfuegos Jovellanos, Jesús Sánchez Sánchez, Salvador Cardona Aucejo, Ángel Varona Grande, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, Manuel Cobo Vega, María de la Paz González García, Luis Blázquez Torres, Luis Eduardo Cortés Muñoz, Carlos Mayor Oreja, Alicia Moreno Espert, Pilar Martínez López y Luis Peral Guerra.