La ‘medida estrella’ de esta ley será delimitar unas Zonas de Especial Protección Vulnerable similares a las ya existentes áreas de protección acústica (ZPAE), donde las licencias para que operen este tipo de locales se reducirán “al máximo”. Y es que, actualmente, las casas de apuestas y salones de juego se concentran en barrios "vulnerables" como Usera, Puente de Vallecas o Villaverde.

El documento del acuerdo, firmado por los candidatos Isabel Serra (Podemos), Emilio Delgado (Más Madrid) y el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Rodríguez Uribes (PSOE), ha sido impulsado por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), el Colegio de Psicólogos de Madrid y varias asociaciones contra la ludopatía.

La ley con la que se han comprometido los principales partidos de la izquierda -también estaban invitados a firmar el acuerdo PP y Ciudadanos, pero declinaron el ofrecimiento- pretende establecer una distancia mínima entre salones y casas de apuestas de mil metros, así como que no se puedan abrir este tipo de negocios a menos de 500 metros de los centros educativos.

“El juego está modificando el paisaje urbano en Madrid con un crecimiento exponencial y muy poca ordenación; en la Comunidad de Madrid las casas de apuestas han crecido un 304% y se asientan en lugares con las rentas más bajas”, explicó el candidato de Más Madrid, Emilio Delgado, que pidió redoblar el número de inspectores para este tipo de negocios.

Asimismo, propuso “dar alternativas” de ocio para que los jóvenes no acudan a salones de juego, colectivo que, según los datos de las asociaciones, es especialmente vulnerable frente a las casas de apuestas, donde llegan a perder miles de euros.

Rodríguez Uribes (PSOE) añadió que existe un “problema de seguridad” con estos negocios, pues “este tipo de locales han llamado al delito”, dijo desde su experiencia como anterior delegado del Gobierno. Asimismo, señaló su alegría por compartir este “compromiso” con Podemos y Más Madrid y aseguró que será su “obligación” impulsar estas medidas.

Desde Podemos, su ‘número uno’ a la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, también hizo hincapié en las alternativas de ocio frente a los salones de juego. “Tenemos que apostar por la cultura frente a las casas de apuestas”, declaró. También señaló la necesidad de combatir el juego ‘online’ y las apuestas deportivas a través de Internet, donde, dijo, muchos jóvenes acaban cayendo.

PEDIR EL DNI AL ENTRAR

El documento firmado por las tres formaciones de izquierda en el Colegio de Psicólogos de Madrid incorpora otras medidas como la obligación de enseñar el DNI al acceder a salones y casas de apuestas, como ocurre en las discotecas, a fin de evitar la entrada de menores de edad. También recoge la creación de un Consejo del Juego en la Comunidad de Madrid con todos los actores implicados, incluidas las asociaciones de afectados y ludópatas.

El hecho de pedir el DNI responde a que, como explicó Bayta Díaz, de la asociación contra la ludopatía APAL, “el nuevo perfil del jugador es más joven, más rápido y más fuerte” y, mientras que la figura del ludópata de bar con las tragaperras cobra menor relevancia, cada vez son más los jóvenes que acuden a salas de apuestas.

“Hay jóvenes que en menos de un año han pasado de jugarse cinco euros a gastar mil euros en un día”, mientras que desde el año 2017 “la edad media de los usuarios ha bajado drásticamente, pasando de los 42 a los 35”, explicó Díaz.

Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm), aseguró que “las casas de apuestas no están saliendo en la calle Serrano, sino en las calles más humildes y con mayor índice de vulnerabilidad”. En este sentido, pidió que los negocios de juego dejen de estar bajo la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas para crear un marco propio que los regule.

Por último, todos coincidieron en la necesidad de proteger a los jóvenes y menores de edad de los riesgos de la ludopatía impulsando campañas de prevención y limitando los lugares con publicidad del juego, algo que el Defensor del Pueblo ya reclamó recientemente en una instancia al Gobierno de España.