En un escrito dirigido a la Mesa del Congreso, Ciudadanos solicita que se transcriba la parte de la sesión relativa al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por parte de los trescientos cincuenta diputados, al objeto de poder acreditar que dicho juramento o promesa de acatamiento fue realizado de conformidad con la Ley y la interpretación de la misma por parte del Tribunal Constitucional.

Pide que esa transcripción se incorpore al Diario de Sesiones que una vez hecha pública la Mesa evalúe si las fórmulas son conformes con el ordenamiento jurídico y válidas para adquirir la condición de diputado.

En su argumentación, Ciudadanos considera "posible que varios diputados electos no hayan cumplido las exigencias previstas en las leyes para la figura del acatamiento", y subraya que el Diario de Sesiones solo recoge que los diputados "juran, prometen o lo hacen utilizando otras fórmulas de acatamiento de la Constitución", sin recoger la textualidad de esas fórmulas.

Sin embargo, dice Ciudadanos, algunos diputados no formularon ese juramento o promesa en los términos previstos en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), el Reglamento del Congreso y la resolución de la Presidencia que en 1989 estableció la forma que debía tener ese juramento.

Cree, por tanto, que existen "dudas fundadas y razonables sobre el cumplimiento de este requisito imprescindible para la adquisición plena de la condición de diputado" y que por ello es necesaria la transcripción. Recuerda en ese sentido que el Tribunal Constitucional estableció en 1990 la obligación de cumplir el acatamiento en sus propios términos, "sin acompañar la fórmula ritual de cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocada para ello". "Lo decisivo es que el acatamiento de la Constitución haya sido incondicional y pleno, y ha de valorarse si tal incondicionalidad y plenitud subsiste en la fórmula empleada", decía otra sentencia en 1991.

Ciudadanos considera que algunos diputados utilizaron fórmulas "que implican condicionar el acatamiento en términos temporales o lo vacían de contenido al condicionarlo a un supuesto mandato que niega la propia soberanía nacional, que reside exclusivamente en el conjunto del pueblo español, según el artículo 1.2 de la Constitución Española. Estas fórmulas suponen un verdadero fraude de ley y privan de sentido al propio acatamiento, tal y como manifiesta el Tribunal Constitucional".