Asimismo, apuntaron que el acuerdo de 6 de septiembre, por el que se adoptaba la responsabilidad solidaria de todos los departamentos sobre los gastos del referéndum, fue una “declaración política” que no tenía “relevancia jurídica” .

Ante la sala del Tribunal Supremo que juzga a los líderes independentistas por la convocatoria y celebración del 1-O declararon este jueves la directora de Servicios del departamento de Gobernación, Josefina Valls; el jefe de la asesoría jurídica del departamento de Gobernación, Xavier Urios; el secretario general del departamento de Empresa, Pau Villoria y el director de Servicios del departamento de Empresa, Josep Solá.

Valls explicó que la entonces consejera Meritxell Borràs comentó en el departamento que tenían que aplicar la providencia del Tribunal Constitucional (TC) que prohibía efectuar gastos relacionados con el proceso refrendario. Y, según afirmó, así se hizo. “Todo estaba correcto de acuerdo con la legalidad, no tuve dudas”. Además, señaló que Gobernación “no cedió ningún local” para la celebración del referéndum, como tampoco remitieron ninguna carta solicitándolo.

Respecto a los acuerdos marco para suministro de papeletas y urnas, Valls detalló que se trataba de material para elecciones, ya que “era necesario hacer algún tipo de acuerdo marco para tener material seleccionado en el momento que surgiese la necesidad… ya se habían anticipado dos elecciones”. De hecho, continuó, “papeletas, sobres… se utilizaron en las últimas elecciones al parlamento de Cataluña”, por su parte, el contrato para urnas quedó desierto. Sobre este asunto, subrayó que “la tramitación de estos acuerdos marco no supone ningún gasto, solo cuando se hace la reserva oportuna en el presupuesto”. “Estos contratos no tenían ninguna relación con el referéndum del 1-O”, añadió.

Por su parte, el jefe de la asesoría jurídica del departamento de Gobernación, Xavier Urios, ratificó lo expuesto por la anterior testigo en cuanto a las instrucciones de Borràs sobre los gastos relacionados con el referéndum. Además, apuntó que cuando tuvieron conocimiento de la querella de la Fiscalía la consejera solicitó un informe jurídico para conocer cómo tenían que proceder respecto a los acuerdos marco que estaban tramitando. Así, detalló, “fruto del análisis jurídico considere que tratándose de un acuerdo marco que no tenía relación directa alguna con el referéndum no había razones para pararlo”, por lo que ratificó su legalidad.

En este sentido, Villoria defendió que en el departamento del conseller Santi Vila tampoco se realizó gasto alguno relacionado con el referéndum. “El señor Vila me dijo que diera instrucciones para que no se iniciase ningún expediente de gasto relacionado con el referéndum del 1-O”. Ante esta afirmación, el fiscal le preguntó que como pensaba que se financiaría el 1-O, sobre lo que el testigo aseguro que Vila comentó que el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le dijo que se financiaría “con aportaciones o donaciones de particulares”. Como los anteriores testigos, aseguró que no se cedieron locales de su departamento para el referéndum. En esta misma línea se pronunció Solá.

Además, todos ellos coincidieron en calificar el acuerdo de 6 de septiembre, por el que todas las consejerías asumían los gastos del referéndum de forma solidaria, como una “declaración política”. Asimismo, apuntaron que no les fue notificado formalmente, sino que lo conocieron por la prensa. En concreto Villoria apuntó que Vila le comento que se trataba de una “declaración política” y que como tal “no se debía realizar ningún gasto para el 1 de octubre". Por su parte Urios señaló que le pareció un acuerdo “muy extraño en el ámbito del derecho administrativo” porque “no tenia relevancia jurídica, no producía eficacia alguna”.