Juicio Procés

Los peritos discrepan sobre el valor de los locales usados como colegios electorales el 1-O

MADRID
SERVIMEDIA

El tribunal escuchó esta mañana el testimonio de cuatro peritos, dos citados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado y otros dos por la defensa de Dolors Bassa, que convirtieron su comparecencia en una auténtica confrontación de argumentos sobre el valor de los inmuebles que se utilizaron como colegios electorales el 1-O y que fundamentan buena parte de la acusación de malversación contra los líderes del `procés´.

Se trata de Carlos Javier Irisarri, de la Sociedad Mercantil Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, y José Manuel Cámara, de la empresa Ibertasa, propuestos por el fiscal y la Abogacía del Estado, y Jordi Duatis y Joan Güell, a propuesta de la defensa de Bassa.

El valor de uso que manejan los peritos de la acusación es el valor potencial de arrendamiento que podrían tener los locales usados el 1-O en el mercado. Por el contrario, los peritos tasadores de la defensa consideran que el informe no tiene en cuenta que se trata de edificios civiles sobre los que no hay posibilidad de alquiler y en los que no se desarrolla actividad comercial alguna, por lo que no se puede calcular el lucro cesante.

Irisarri aseguró en este punto que su informe menciona que se trata de “bienes excluidos del tráfico del mercado inmobiliario ordinario, como ocurre con todos los bienes de titularidad pública”, pero como en otros inmuebles de esas características “para calcular la tasa o el canon permiten comparar esos inmuebles con el tráfico inmobiliario ordinario".

Según Güell, sin embargo, los edificios públicos usados el día del referéndum “no están en el mercado inmobiliario y no dan lugar a una contraprestación. El servicio que se hizo el día de autos no está sujeto a tasas o precios públicos". El otro perito de la defensa, Jordi Duatis, apuntaló el argumento con la idea de que “los inmuebles están fuera del mercado inmobiliario. Este ejercicio teórico se basa en una normativa catastral. Se añade un segundo elemento, de manera que para calcular el valor catastral utilizan la superficie de todo el inmueble".

Para los peritos de la defensa, el dictamen de los peritos de la acusación es "un mero ejercicio teórico para llegar a un valor", basado en una normativa sobre el valor catastral que se basa en “la superficie de todo el inmueble”, de manera que hay "un edificio en el que se usan 300 metros y se valoran 10.000 euros”. "No es de sentido común que un edificio público tenga una rentabilidad que duplica a la de uno privado", insistió Duatis.

(SERVIMEDIA)
23 Mayo 2019
SGR/ICG/gja