En un comunicado, recalcó la importancia de regular el ajuste razonable, porque “hasta la fecha, este era muy indeterminado y daba pie a aplicarlo de manera arbitraria y sin ningún control, con lo que las soluciones que se ejecutaban, en muchos casos, eran inadecuadas para las personas con discapacidad”.

Entre las novedades del decreto, destaca la regulación del ajuste razonable, de juegos accesibles y dinámicos, de apoyos isquiáticos y de las condiciones de accesibilidad en los espacios naturales.

Según Cocemfe, el ajuste razonable en la edificación es de aplicación cuando no se pueden cumplir las condiciones básicas de accesibilidad, y existen dos herramientas para hacerlo efectivo, siempre con la debida justificación. La primera son las llamadas 'tolerancias admisibles en la construcción', que son modificaciones que recaen en las soluciones de accesibilidad para garantizar el uso y disfrute por parte de las personas con movilidad reducida. La gran novedad normativa tiene que ver con los llamados criterios de flexibilización en elementos constructivos, que permitirán modificaciones justificadas por la accesibilidad de escaleras, altura de techos, mesetas o cabina del ascensor, entre otros.

Según el presidente de Cocemfe CV, Juan Mondéjar, "la Comunitat Valenciana se convierte en la primera en poner unas pautas iniciales en la regulación del ajuste razonable, previsto en la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad”.

“El ajuste razonable permite una interpretación amplia de los criterios arquitectónicos y una vertiente social, ya que está encaminado a evitar situaciones de personas prisioneras en sus viviendas y a permitir que estas vivan en su entorno el máximo tiempo posible, antes de llegar a necesitar un recurso como una residencia”, indicó.

COMITÉ DE EXPERTOS Y PARQUES INCLUSIVOS

El texto, en cuya elaboración participó cocemfe CV como asesor, incluye la creación de un Comité de Expertos en Accesibilidad en un plazo de seis meses desde la aprobación de la norma, que estará formado por representantes sociales y profesionales del sector. Estudiará mejoras normativas y casos que generen controversia.

Además, prevé que en los parques infantiles uno de cada cuatro juegos que se instalen sean accesibles, lo cual "permitirá la participación de los niños y niñas con discapacidad en espacios propios de la infancia". En el caso de que se instalen dos o tres juegos, también uno de ellos deberá ser accesible, y si solo se instala uno, este deberá ser accesible.