La retransmisión del juicio ha sido solicitada por el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), algo que se suele hacer en los juicios relevantes. El PP trata de evitar esa difusión, según dicen, para preservar el derecho a la presunción de inocencia de los acusados.

Las vistas son públicas y el acceso de periodistas está garantizado. Sin embargo, las limitadas dimensiones de las salas hacen que en los juicios más mediáticos se habilite su retransmisión por un circuito interno de televisión que facilita su seguimiento a los medios, o incluso se puede autorizar su retransmisión en abierto como está ocurriendo con el juicio del 1-O en el Tribunal Supremo.

El PP se opone tanto a la difusión por circuito interno como a la retransmisión abierta, por considerar que el derecho a al información está garantizado por la presencia de periodistas en la sala, que podrán ofrecer “información veraz a la ciudadanía". Consideran los populares que en caso de atenderse la solicitud del Gabinete de Comunicación del TSJ de Madrid se organizaría "un juicio mediático que ocasionaría el escarnio público de los acusados".

La tesorera del PP Carmen Navarro también ha hecho una solicitud similar al tribunal, considerando que la retransmisión sería un “escarnio público” y un “juicio paralelo” en el que los medios de comunicación “inducen a un veredicto anticipado de culpabilidad a la opinión pública”.

Navarro y los responsables informáticos del PP se sientan en el banquillo por haber borrado hasta en 35 ocasiones los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, que acabaron siendo destruidos a martillazos siguiendo instrucciones de Alberto Durán, que era asesor jurídico del partido.

Además, el exesorero del PP ha solicitado declarar por videoconferencia en el juicio. Bárcenas está citado como testigo el día 20 en una vista que sentará en el banquillo por primera vez a un partido político como presunto responsable de la destrucción de material que podría haber servido para determinar si hubo financiación irregular. Bárcenas está en prisión cumpliendo la condena de más de 33 años que le impuso la Audiencia Nacional por delitos fiscales y blanqueo de capitales.