La organización ecologista aseveró que Gladys no es una víctima “de segunda categoría” y explicó que sus familiares tienen derecho a que el Estado “reconozca el daño causado” tras su “injusta y paradójica” muerte para, a continuación, enarbolar los valores del ecofeminismo así como de una vida “al margen de la energía nuclear y de las armas”.

“El olvido, el desinterés del Estado en reconocer y reparar sus errores nos mueve a mantener viva su memoria, empañada por falsos testimonios, injustos veredictos y la connivencia entre los poderes policial y judicial”, prosiguió Ecologistas en un comunicado en el que pidió el “reconocimiento" respecto a esta "injusticia" y la "reparación de su memoria".

Respecto a las demandas que impulsaron la convocatoria de aquel 3 de junio de 1979, la organización ecologistas se congratula porque se paralizó la central nuclear proyectada en Arguedas pero considera que el Ebro “no se libra del peligro radiactivo” dado que, a pesar del cierre de la central de Garoña, afirma que “en el mismo solar” se está construyendo una piscina que almacenará los residuos radiactivos generados en sus años de funcionamiento. "La amenaza y la inseguridad de sufrir un accidente permanecen cerca”.