De esta manera, el Supremo ha desestimado el recurso de Jaime Botín contra la sentencia de la Audiencia Nacional de 2018, que constató la comisión de la infracción muy grave, si bien redujo la cuantía impuesta por el Ministerio de Economía en julio de 2015, que fue de 500.000 euros, a 300.000 euros.

En la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Bandrés, se fija como doctrina que la Ley del Mercado de Valores que tipifica como infracción muy grave la inobservancia del deber de información cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, debe interpretarse en el sentido de que se trata de una información de carácter permanente, de modo que el plazo de prescripción de cinco años debe comenzar a contarse desde el día en que finalizó el incumplimiento del deber de comunicación en que consiste la conducta infractora”.

Añade la resolución que también “debe interpretarse en el sentido de que impone al adquirente o transmisor de una participación significativa en una sociedad cuyos títulos están sometidos a negociación en mercados regulados, que comporte una modificación de la estructura de los derechos de voto, una obligación positiva de comunicar dichas operaciones al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.

En consecuencia, la Sala rechaza las pretensiones deducidas en relación con la interpretación en relación con el cómputo del plazo de prescripción previsto y declara “no haber lugar al recurso de casación” interpuesto por Botín.

La sentencia de la Audiencia Nacional ahora confirmada consideró probado que el recurrente había incumplido la obligación de notificar a la CNMV la participación significativa en Bankinter, a la que estaba obligado dada su doble condición de Presidente de la citada entidad bancaria (que desempeñó desde noviembre de 1989 hasta marzo de 2002) y de Consejero y Vicepresidente de la sociedad Cartival (desde 1997; compañía a la que se traspasa el paquete accionarial del 7'85 % del capital social de Bankinter).