Así se desprende de datos del propio Ministerio de Educación en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública realizada por Amnistía Internacional y a la que ha tenido acceso Servimedia. Según el Ministerio, en 2017 hubo 23.389 llamadas, entre las que se detectaron 7.508 posibles casos de acoso escolar, de los que sólo 278 llegaron a la Inspección Educativa.

El protocolo del servicio telefónico, sin embargo, precisa que los casos detectados por el teléfono contra el acoso deben ser reportados a la inspección. Según Koldo Casla, autor del informe ‘Hacer la vista… ¡Gorda!’ de Amnistía Internacional sobre acoso escolar, las denuncias “no son inventadas por los niños” y, sin embargo, “no quedan reflejadas”.

“Como mucho documentan la edad y el sexo, pero lo que tienen que documentar realmente es la dimensión real de este fenómeno”, denunció este investigador. “Hay que aceptar que en todos los centros escolares hay casos de acoso escolar, y si dicen lo contrario es que no es verdad”, añadió.

En su informe, la ONG da cuenta del escaso registro de estos casos, que en ningún momento reflejarían la realidad pese a los esfuerzos de los centros escolares por impulsar protocolos. Además, según Casla, “los protocolos fallan”, tal y como indican los propios estudiantes a los que ha entrevistado Amnistía Internacional para su informe.

El documento oficial del Ministerio al que ha tenido acceso Servimedia refleja cómo en comunidades autónomas como la de Madrid, los casos que finalmente llegan a la Inspección Educativa -que dependen de las consejerías de educación- apenas son unas decenas entre los miles que se denuncian.

Si en la Comunidad de Madrid se detectaron 1.526 casos en 2017 a través del Teléfono contra el Acoso Escolar, a la inspección sólo llegaron 35. Esto supone el 2,3% de los casos. En Navarra sólo llegó un caso a la Inspección Educativa a través de este teléfono, a pesar que el servicio detectó 70.

La información documentada por Amnistía Internacional y a la que ha tenido acceso esta agencia aparece firmada por el secretario de Estado de Educación de aquel año, Marcial Marín, designado por Íñigo Méndez de Vigo.