La Mesa asumió así las conclusiones del informe que encargó a sus servicios jurídicos después de dar por automáticamente suspendidos, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a los tres diputados presos de Junts (Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull) y el de ERC, Oriol Junqueras, aunque éste no fue incluido por la formación en el grupo parlamentario y estaría en el Grupo Mixto.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, explicó que el informe concluye que los diputados “mantienen la condición de miembros de la Cámara sin la cual no es posible su suspensión” y, por tanto, deben computar en la composición. Según dijo, no hubo ningún pronunciamiento concreto en contra de esta decisión de ninguno de los grupos parlamentarios representados en la Mesa: PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos. Los de Unidas Podemos, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, sí habrían querido más tiempo para estudiar el informe.

Batet explicó también que, de acuerdo con el informe, los cuatro diputados suspendidos no pueden pertenecer a ninguna comisión ni ponencia y que su integración en el Grupo Mixto no puede computar para ponderar el voto de este grupo en las comisiones ni el número de iniciativas que le corresponden en el cupo.

Además, informó del acuerdo de la Mesa para que los diputados suspendidos no perciban sus retribuciones al no haber hecho ejercicio de su condición de diputados, ni siquiera los tres días que les habrían correspondido entre su toma de posesión y la suspensión. Así lo pidieron el PP, Ciudadanos y Vox. Según Batet, aunque el informe de los letrados abría la puerta a reconocer esa retribución, el acuerdo de la Mesa fue negarla con efecto desde la elección de los diputados.

Finalmente, Batet informó de que la Mesa calificó una serie de preguntas registradas por distintos grupos parlamentarios al Gobierno, atendiendo así la sentencia del Tribunal Constitucional que enmendó la política de la Mesa del Congreso de la legislatura entre las elecciones de 2015 y las de 2016, que entendía que no correspondía a la Cámara ejercer ningún tipo de control sobre un Gobierno que estaba en funciones.

La vicepresidenta tercera, Ana Pastor, representante del PP, afirmó estar de acuerdo tanto con el hecho de que la mayoría parlamentaria se mantuviera en los 176 diputados como con que los cuatro suspendidos no perciban retribuciones.

Finalmente, apoyó que se calificaran las preguntas al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez. Según dijo, todas estas preguntas son pertinentes y "no hay ninguna duda de que el Gobierno en funciones tiene que responder, porque corresponden a decisiones que está tomando" en su condición actual. Incluso, se mostró partidaria de que haya sesiones de control si la investidura de Sánchez se retrasa.

El vicepresidente cuarto, Ignacio Prendes, de Ciudadanos, celebró que la Mesa comparta ahora el criterio defendido por su partido desde el principio sobre la necesidad de que los diputados suspendidos no recibieran ninguna retribución. Son esos parlamentarios y sus partidos, dijo, quienes "fraudulentamente, forzando la ley", se han colocado a sí mismos en esa situación al concurrir a las elecciones pese a estar siendo juzgados por delitos "gravísimos" y encontrarse en prisión preventiva.

Recordó que Ciudadanos defendió también la tesis de que a pesar de la suspensión de esos cuatro diputados la Cámara sigue formada por 350 y, por tanto, no hay motivo para alterar las mayorías, incluida la absoluta, en 176 diputados.

Prendes se declaró también partidario de que un Gobierno en funciones debe estar sometido al control del Parlamento y que esa función del Congreso debe desarrollarse "en plenitud y cuanto antes", por lo que abogó por constituir las comisiones "lo antes posible" y que, si la investidura se demora, no lo hagan los mecanismos de control.