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Informe Anual

El Defensor del Pueblo tramitó 17.697 expedientes en 2018

- Fernández Marugán pide más recursos para la sanidad, la educación y la atención de personas mayores y dependientes

El Defensor del Pueblo (e.f.), Francisco Fernández Marugán,  entrega el informe Anual de la institución a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet. | Foto:Defensor del Pueblo
MADRID

El Defensor del Pueblo tramitó en 2018 un total de 17.697 expedientes. En concreto, fueron 16.998 quejas, 372 investigaciones de oficio y 327 peticiones de recurso al Tribunal Constitucional.

Así lo recoge el informe que el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, presentó este martes en el Parlamento, en sendas visitas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

El número de expedientes muestra un notable descenso respecto al año anterior, en el que se registraron 25.776 expedientes, entre quejas (24.976), investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40) tramitadas en 2017.

A los 17.697 expedientes de 2018, habría que sumar los ciudadanos que fueron atendidos personalmente, casos a los que, según subrayó la institución, se dedicó un tiempo importante: 17.923 atendidos, de los cuales 2.481 fueron presenciales y 15.442 fueron atendidos a través de llamadas de teléfono.

Además, la institución formuló a las administraciones 1.152 resoluciones, de las que 329 fueron recomendaciones, 504 sugerencias, 309 recordatorios de deberes legales y 10 advertencias.

POLÍTICAS DISTINTAS

Tras la entrega del documento a Batet en el Congreso, Fernández Marugán dijo a la prensa que pese a que el momento económico actual es "mejor", los ciudadanos le dicen "que a ellos la recuperación no les alcanza". Por ello, el Defensor subrayó que "es hora de diseñar políticas distintas" en ámbitos concretos como la vivienda, la sanidad, la educación, personas mayores y dependientes.

"Estas quejas están fundadas", subrayó, pues tras la crisis "larga e intensa", son "muchos los ciudadanos que requieren el apoyo del Estado".

En concreto, el Defensor pidió una "modernización legislativa" para "garantizar los derechos de las personas mayores y la tranquilidad de sus familias", con ratios de personal en centros de mayores que "deberían mejorarse", porque son "anticuados", y más medios personales y materiales.

En lo educativo, insistió en pedir a los políticos que alcancen en esta próxima legislatura un pacto educativo "para darle estabilidad al sistema".

Asimismo, subrayó que en "España hay una crisis demográfica". "Deberíamos aceptar que vivimos en un país distinto", con una sociedad envejecida y con una presencia "importante" de extranjeros. De hecho, subrayó, el porcentaje de personas extranjeras con permiso de residencia asciende al 13%.

Ante estos fenómenos, indicó, "hay que actuar de forma sistemática pero sin tardanza" y "saber convivir e integrar". "Habrá que hacer reformas. Cuanto más tardemos, peor", zanjó.

Las dificultades de muchas personas para acceder a una vivienda y el compromiso del Defensor frente a la lacra de la violencia de género son otros de los asuntos abordados en el informe, que también subraya especialmente la educación inclusiva de las personas con discapacidad y la situación de los presos con discapacidad en las cárceles españolas.

Madrileños, andaluces, valencianos y catalanes, por este orden, lideraron el número de quejas presentadas a la institución, que recalcó que siguen presentándose quejas por los citados servicios públicos (educación, sanidad, vivienda protegida, personas mayores y dependientes...), pese a que la economía ha retomado su "velocidad de crucero normal".

(SERVIMEDIA)
11 Jun 2019
AHP/caa/pai/

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