Así lo refleja en el capítulo dedicado a Política Social en su informe anual entregado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz, y en el que constata que las quejas relativas al funcionamiento y la calidad de atención que prestan estos recursos asistenciales “se han intensificado” en el último año.

Unas reclamaciones que provienen tanto de los usuarios como de sus familiares y los profesionales que les atienden, que aluden a la escasez de personal y de medios para ofrecer un servicio adecuado.

DEPENDENCIA

Asimismo, advierte de la existencia, en todas las comunidades autónomas, de listas de espera para la asignación de plaza a personas en situación de dependencia en grado III y grado II, que tienen reconocido en su programa individual de atención (PIA) el derecho a atención residencial, por ser insuficiente el número de plazas para satisfacer los derechos reconocidos.

En este sentido, insta a “revisar” las ratios de personal de atención directa a estos usuarios para mejorar la calidad asistencial y urge al Consejo Territorial a “profundizar” en las necesidades de los centros de mayores que atienden a personas con estos grados de dependencia y a estudiar la posible revisión al alza de las ratios mínimas acordadas.

El Defensor del Pueblo en funciones subraya la necesidad de establecer ratios por categorías profesionales y garantizar que el personal tiene la cualificación necesaria para el desarrollo de sus funciones en un centro de estas características.

La Institución también resalta la oportunidad de "armonizar” la normativa sobre centros residenciales y de mejorar los mecanismos de recopilación de datos para poder tener estadísticas “fiables” sobre los recursos de atención residencial disponibles en toda España.

Para mejorar la calidad asistencial que prestan, Fernández Marugán apuesta por implementar planes periódicos de inspección de los centros con indicadores sobre calidad, trato inadecuado y buenas prácticas y considera dichas inspecciones un “elemento imprescindible” para garantizar los derechos de las personas mayores.

Considera oportuna una ley orgánica que delimite las “circunstancias extraordinarias” de salud o deterioro físico y mental en las que las personas en edad avanzada pueden tener que asumir una limitación al ejercicio y realización de algunos de sus derechos fundamentales.

Una ley estatal que ha de abogar, a su entender, por minimizar las sujeciones y garantizar que su uso se realice siempre por prescripción facultativa, contando con consentimiento informado y teniendo en cuenta que su aplicación resulte "imprescindible" para proteger la salud del afectado, su seguridad o la de terceros.

ATENCIÓN DOMICILIARIA

La Institución también muestra su preocupación por el colectivo de personas receptoras de teleasistencia domiciliaria y recuerda que las quejas recibidas en este ámbito inciden tanto en la falta de esta prestación como en la necesidad de resolver las incidencias de manera urgente.

Junto a ello, otro de los servicios que concentra más quejas es el del transporte público y en este contexto defiende que las “razones presupuestarias pueden ser un obstáculo pero no un impedimento” para permitir a las personas mayores ejercer su derecho en este sentido.

SOLEDAD NO DESEADA

En su último informe, el Defensor también se refiere a la necesidad de abordar la soledad no deseada de muchas personas mayores, que valora como un problema “cada vez más lacerante”, por lo que invita a abrir un debate “político y social” para impulsar políticas de prevención y para “concienciar” a la sociedad, en muchas ocasiones “ajena a este drama”.

Para la institución, es “prioritario” hacer una” radiografía precisa” del alcance de este problema, además de revisar las pautas de actuación al respecto.

“Un Estado social como el nuestro no puede ignorar a un colectivo tan sensible como este y tiene que dar una respuesta adecuada a los retos que plantea una sociedad cada vez más envejecida”, asevera el Informe Anual.