Así se desprende del Informe Anual 2018 del Defensor del Pueblo, presentado este martes a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, y al presidente del Senado, Manuel Cruz.

En cuanto al copago farmacéutico, el Defensor del Pueblo recuerda que, un año más, se han recibido quejas de los ciudadanos. De hecho, en el informe de 2017 esta institución ya planteó una serie de recomendaciones al Gobierno para que desde el Ministerio de Sanidad se elaborara una propuesta de modificación de los artículos 102 y 103 de la vigente Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.

“En su primera respuesta", destaca la institución, "el entonces Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad no aceptaba la Recomendación, pero dejaba entreabierta la posibilidad de estudiar la aprobación de nuevos tramos de renta para determinar el tipo de copago y hasta la exención para un determinado nivel de ingresos mínimos”.

A esto añade que transcurridos varios meses, en los que se produjo un cambio de titularidad ministerial, finalmente se recibió un nuevo informe del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que recogía los nuevos objetivos del Gobierno, encaminados a eliminar barreras económicas para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos.

ACCESO A LOS MEDICAMENTOS

Sin embargo, el informe subraya que los ciudadanos acuden con frecuencia a esta institución para reclamar “por lo que consideran una injustificada denegación de acceso a determinados medicamentos o tratamientos farmacológicos con cargo al sistema público sanitario”.

En muchos casos, se trata de tratamientos indicados por los facultativos especialistas que atienden a un determinado paciente, cuya dispensación “es denegada por la opinión o dictamen de la correspondiente comisión evaluadora responsable de coordinar el uso racional de los medicamentos”.

También son frecuentes las quejas relacionadas con las denegaciones de visado de dispensación, a cargo de los servicios de inspección sanitaria.

Por otro lado, y como cada año, se han recibido varias quejas referidas a problemas de suministro de medicamentos que generan una “gran inquietud” en las personas que siguen un tratamiento farmacológico crónico con alguno de ellos. En estos casos, el Defensor del Pueblo solicita información a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que en sus informes da cuenta de las razones del problema.