Tras analizar testimonios, vídeos y documentos, la Fiscalía considera su tesis plenamente respaldada y mantiene la acusación por rebelión contra Oriol Junqueras y los otros ocho acusados de este delito en el juicio del `procés´. El ministerio público considera acreditado el uso de violencia “permitida y dirigida” por los líderes independentistas. La Abogacía del Estado, que les acusa de sedición, también mantiene su acusación.

El que fuera vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, se enfrenta a una pena de 25 años de cárcel como cabeza visible del `procés´. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía solicita en total 176 años para los 12 acusados: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez; el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; Junqueras y ocho exconsellers del Gobierno que presidía Carles Puigdemont.

El ministerio fiscal mantiene, por tanto, la acusación de malversación y rebelión contra el exvicepresident Oriol Junqueras, para el que pide 25 años; para el exportavoz del Govern Jordi Turull y los exconsellers Joaquim Forn, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva solicita 16 años por malversación y rebelión; para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell pide 17 años por rebelión; para el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y para el líder de Òmnium, Jordi Cuixart, solicita 17 años por sedición y rebelión; y para los exconsellers Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs pide siete años por malversación y desobediencia.

La Fiscalía, que apenas hizo modificaciones en sus conclusiones, introdujo una petición de calado para los acusados al solicitar que la concesión del tercer grado penitenciario se condicione al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente imponga el Tribunal Supremo.

Se acoge para ello a la aplicación del artículo 36.2 del Código Penal, que establece que "la concesión del tercer grado penitenciario debe condicionarse al cumplimiento de la mitad de la pena de prisión que finalmente se imponga”, un inciso que el ministerio público considera habitual en los escritos de calificación siempre que se juzga un delito muy grave.

También la Abogacía del Estado mantuvo su acusación inicial de sedición. Por su parte, la acusación popular de Vox se mantuvo en su tesis inicial, salvo por la retirada de la acusación por organización criminal y malversación de caudales públicos que formulaba sobre el exconsejero Santi Vila, al que sólo acusa de desobediencia.

Por su parte, las defensas solicitan la absolución de los acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación, aunque admiten de manera más o menos explícita que hubo desobediencia y solicitan como aplicación subsidiaria, una "circunstancia eximente" para sus defendidos.

La eximente que piden las defensas de seis acusados de modo "alternativo y subsidiario", es la que contempla el artículo 20.7 del Código Penal que cita siete supuestos en los que una persona está "exenta de responsabilidad criminal". En concreto se acogen al punto 7, que exime a quienes obran "en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo".

PETICIÓN DE PENAS

Éstas son las penas de prisión que solicitan el Ministerio Público y la Abogacía del Estado para cada uno de los acusados:

- Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat de Cataluña en prisión provisional desde noviembre de 2017. La Fiscalía le pide 25 años de prisión y 25 de inhabilitación absoluta por rebelión y malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 12 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por sedición en concurso medial con malversación, es decir, que uno de los delitos no puede darse sin el otro.

- Carme Forcadell, expresidenta del Parlament y también en prisión. El fiscal solicita 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado, 10 años de prisión y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

- Jordi Sànchez, expresidente de la Asamblea Nacional Catalana en prisión preventiva. La Fiscalía reclama para él 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación absoluta por liderar el `procés´. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta por dirigir la sedición.

- Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, otro de los acusados que está en prisión. El fiscal pide 17 años de prisión y 17 años de inhabilitación por un delito de rebelión como promotor o jefe principal. La Abogacía del Estado solicita ocho años de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación absoluta como dirigente de sedición.

- Jordi Turull, exconsejero de Presidencia en prisión preventiva. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y uso ilegal de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Raül Romeva, exconsejero de Relaciones Exteriores también encarcelado. La Fiscalía solicita 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Dolors Bassa, exconsejera de Trabajo y en prisión preventiva. La Fiscalía quiere para ella 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión y malversación. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Josep Rull, exconsejero de Territorio y Sostenibilidad, al igual que los anteriores en prisión. El fiscal reclama 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por rebelión con malversación de fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Joaquim Forn, exconsejero de Interior en prisión preventiva. El fiscal pide 16 años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de rebelión habiendo distraído fondos públicos. La Abogacía del Estado pide 11 años y medio de cárcel y el mismo tiempo de inhabilitación como dirigente de sedición en concurso con malversación de fondos.

- Meritxell Borràs, exconsejera de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda, en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado, por su parte, pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

- Carles Mundó, exconsejero de Justicia y también en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

- Santiago Vila, exconsejero de Empresa y en libertad bajo fianza. El fiscal pide siete años de prisión y 16 de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, multa de 30.000 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos durante un año y ocho meses por delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia grave. La Abogacía del Estado pide siete años de prisión, 10 años de inhabilitación absoluta y 30.000 euros de multa por un delito continuado de desobediencia grave.

MARCO DE LAS PENAS

El Código Penal establece en el artículo 473 una pena de prisión para los “jefes principales” de la rebelión de 15 a 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo; los que ejerzan un “mando subalterno” con pena de 10 a 15 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo y los meros participantes, con la de prisión de cinco a 10 años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 6 a 10 años.

Para el delito de sedición el artículo 544 del Código Penal prevé una pena de prisión de 10 a 15 años para las “personas constituidas en autoridad” y de 8 a 10 años para los “principales autores”, así como inhabilitación absoluta por el mismo tiempo para ambos casos.

En cuanto al delito de malversación de fondos públicos (artículo 432) el Código Penal establece la pena de prisión de dos a seis años e inhabilitación especial para cargo o empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a 10 años.

Además, contempla una modalidad agravada de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta por tiempo de 10 a 20 años si se hubiera causado un grave daño o entorpecimiento al servicio público o el valor del perjuicio causado o de los bienes o efectos apropiados excediere de 50.000 euros. En el caso de que el valor excediera de 250.000 euros, la pena se impone en su mitad superior pudiendo llegar a la superior en grado.

Sobre el delito de desobediencia (artículo 410) el código penal fija para las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales una pena de multa de tres a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años.

SENTENCIA

El trabajo del tribunal no acaba aquí. La sentencia de la que será ponente el presidente de la sala, Manuel Marchena, no tiene fecha. Aunque, en principio, tras cuatro meses de vista, se espera que esté lista después del verano, septiembre u octubre, aunque tampoco se descarta que el tribunal haga un esfuerzo para poderla tener antes.

Antes de pronunciar el visto para sentencia, el tribunal escuchó a todos los acusados que hicieron uso de su derecho a la última palabra. Todos se reafirmaron en sus convicciones independentistas, en que este juicio tiene un carácter político fruto de un fracaso colectivo y en reclamar el diálogo como vía para solucionar el conflicto en Cataluña.

Ahora, la sala tiene que decidir sobre la petición de libertad que han realizado los nueve acusados en situación de prisión provisional. Las defensas han solicitado al tribunal la excarcelación de Junqueras, Romeva, Forn, Turull, Rull, Bassa, Forcadell, Sànchez y Cuixart hasta que la sala dicte sentencia.