La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario de Ciudadanos Melisa Rodríguez recuerda al Gobierno que el Sáhara Occidental es uno de los territorios pendientes de descolonización según las Naciones Unidas. Sin embargo, “este proceso está paralizado por las autoridades marroquíes, que ejercen el control efectivo sobre el territorio del Sáhara Occidental desde 1975, cuando España abandonó su antigua colonia”.

Apunta que la población saharaui ha informado repetidas veces que ha sufrido, desde entonces, “abusos y violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes, que encarcelan y torturan a las voces críticas y represalian duramente a quienes intentan hablar de la situación de la población saharaui”. De hecho, agrega, “las autoridades marroquíes han denegado repetidas veces las visitas de ciudadanos españoles al Sáhara Occidental por temer que se diera repercusión a los abusos cometidos en el territorio”.

Este acoso, añade, se extiende también a los profesionales del periodismo. La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó en junio de 2019 un informe titulado ‘Sáhara Occidental, un desierto para el periodismo’ en el que denuncia la censura sobre la información de este territorio impuesta por Marruecos. Según este informe, el Sáhara Occidental se ha convertido en un “agujero negro” para la información y para los periodistas, a quienes se acaba condenando a “desorbitadas” penas de cárcel. También se denuncian los constantes bloqueos a periodistas extranjeros a la hora de acceder a este territorio. Actualmente hay seis periodistas saharauis se encuentran detenidos por hacer su trabajo.

Asimismo, señala que, según la Carta de Naciones Unidas, España, como potencia administradora debe “asegurar, con el debido respeto a la cultura de los pueblos, su adelanto político, económico, social y educativo, el justo tratamiento de dichos pueblos y su protección contra todo abuso”.

"GARANTIZAR LA SEGURIDAD"

De esta manera, Cs pregunta al Gobierno qué gestiones tiene previsto realizar el “para asegurar el cumplimiento de nuestras responsabilidades como potencia administradora del Sáhara Occidental”, qué medidas tiene previsto impulsar en sus relaciones bilaterales con Marruecos para garantizar la seguridad y la integridad física de los profesionales del periodismo, locales o extranjeros, que realizan su trabajo en el Sáhara Occidental. También si tiene previsto realizar alguna gestión específica para que el gobierno marroquí proceda a la liberación de los periodistas saharauis detenidos por realizar su trabajo.

Así como si el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, Josep Borrell, cuando se reunió con su homólogo marroquí, Naser Burita, en junio de 2019, trató la necesidad de avanzar en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y la urgencia de respetar y proteger los derechos y libertades fundamentales de la población saharaui. Si no es así, pregunta Ciudadanos, si el Gobierno no considera el respeto a los derechos y libertades de la población saharaui lo suficientemente relevantes para ser tratados en una reunión bilateral de tan alto nivel.