La moción hace referencia a la “vulneración del secreto profesional” que se produjo, según las organizaciones de periodistas, por parte de un juez en Palma al ordenar la confiscación de los móviles y del material de trabajo de periodistas del ‘Diario de Mallorca’ y de ‘Europa Press’ e investigar durante un año las llamadas telefónicas de la agencia EFE en las Islas Baleares.

En su día, la FAPE llevó a cabo diversas acciones de protesta sobre dicha intervención judicial que pretendía averiguar el origen de diversas filtraciones relacionadas con la corrupción en la capital mallorquina.

La moción, defendida por el delegado internacional de la FAPE, Luís Menéndez, denunció la “clara vulneración del secreto profesional y la confidencialidad que debe existir entre los periodistas y sus fuentes informativas”, un derecho que ampara la Constitución española y que “debe regir por principio la actuación de toda investigación periodística en un estado democrático, que se precie como tal”.

La moción aprobada incluye una reclamación al nuevo Gobierno que se configure próximamente en España para que “ampare y proteja” el secreto profesional de los periodistas como un “servicio a la ciudadanía y al derecho de la información” que, en casos como las denuncias contra los abusos y la corrupción, se “ha manifestado clave para la transparencia política y los valores cívicos”.