Así lo expresó una delegación de Ahora Repúblicas a las puertas del Congreso de los Diputados a escasos minutos de que diese comienzo el acto de acatamiento de la Constitución de los diputados electos al Parlamento Europeo, con la ausencia del expresidente catalán Carles Puigdemont y su exconsejero Toni Comín, fugados de la Justicia española, y la de Oriol Junqueras, en prisión preventiva.

Diana Riba (ERC) criticó que el Estado español “quiere vetar y silenciar” a eurodiputados electos que tienen sus “derechos políticos intactos”. En concreto, lamentó que el Poder Judicial haya negado a Junqueras salir de prisión para recoger su acta de parlamentario, lo que supone “una flagrante situación de vulneración de derechos”.

Advirtió de que puede formarse “una Eurocámara no legislativa” si el 2 de julio el Parlamento Europeo no tiene a “todos los eurodiputados elegidos democráticamente” en las urnas en los comicios europeos del pasado 26 de mayo. “Tenemos que intentar que estén todos ahí dentro”, enfatizó, basándose en que dos millones de ciudadanos votaron a estos eurodiputados que hoy no van a recoger su acta en Madrid.

Por su parte, Pernando Barrena (EH Bildu), habló directamente de “fraude electoral” para definir lo que hoy está pasando: “Se puede decir que en el Estado español a todos los ciudadanos se les permite presentarse a las elecciones pero solo a unos se les permite recoger ese acta y a otros se les impide ejercer ese mandato de representación electoral”, expuso.

En base a ello consideró que se está produciendo una “burla” a esas dos millones de personas que escogieron libremente a quién deseaban votar y que “están viendo cómo su voluntad electoral no está siendo tenida en cuenta a la hora de dar plenos poderes y acreditaciones a las personas que debieran de representarlos y fueron escogidas el 26-M”.

Como colofón, Ana Miranda (BNG) defendió que en el caso de Junqueras se está produciendo “una vulneración jurídica” y una “auténtica vulneración democrática”. Por ello, aseguró que esta cuestión “va a llegar al Tribunal de Estrasburgo porque esta burla judicial es una broma de mal gusto y tendrá que llegar al Tribunal de Justicia de Derechos Humanos” y al suplicatorio de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. “Esta vulneración jurídica es denunciable ante las instituciones europeas y así lo haremos desde hoy mismo”, se reafirmó.