Este paso, considera la organización, mejoraría de forma notable la calidad y el rigor científico de las decisiones, permitiría reforzar la autoridad de estas y el funcionamiento del binomio médico-paciente en cuestiones de tratamiento.

La doctora Cristina Avendaño-Solá, presidenta de la Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC) y portavoz del Grupo de Medicamentos de Facme, recordó que “la normativa de los medicamentos no regula directamente la práctica médica ni los derechos de los pacientes, aunque, sin duda, la prescripción médica debe responder a dichas regulaciones”.

“Nos hemos posicionado públicamente frente a numerosos informes, planes de acción, decisiones administrativas, procedimientos, etcétera no solo reclamando una mayor participación médica, sino también una comunicación pública general a profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanos tanto de las decisiones tomadas como del informe de justificación que avala cada una de ellas”, agregó.

“Una remisión genérica a los fundamentos legales o administrativos o a la sostenibilidad del sistema, si no se acompaña del análisis y justificación específica, no es válida para avalar decisiones complejas que van más allá del precio del medicamento y que afectan tanto a la práctica médica como a la atención que reciben los pacientes”, continuó Avendaño.

Entre los documentos que han aparecido sin consulta a las sociedades científico-médicas destacan dos: el relativo a la prescripción médica de medicamentos autorizados y no incluidos en la prestación del SNS y el plan de acción para fomentar la utilización de los medicamentos biosimilares y genéricos, denominados “reguladores del mercado”, en el SNS.

A juicio de la federación, los médicos, conocedores de las enfermedades y expertos en el manejo integral de los pacientes a los que se dirige el medicamento, deben participar en la evaluación de la efectividad de los medicamentos y deben comprender por qué las decisiones finales coinciden o no con las condiciones aprobadas en las fichas técnicas o en los informes de posicionamiento terapéutico de los medicamentos. “Se trata de transparencia y comunicación, algo que reforzará la autoridad de las administraciones que toman decisiones sobre financiación y facilitará la relación con los pacientes”, insistió Avendaño.