Según informó el Instituto Armado, en el marco de la operación ‘Adelita’ se han practicado dos registros y han sido detenidas ocho personas en Huelva, Madrid y Segovia, a las que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal organizado, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafa.

Las cerca de 400 víctimas identificadas y afectadas por esta organización eran principalmente de nacionalidad hondureña, colombiana, nicaragüense y venezolana.

Este grupo, que comenzó su actividad en noviembre de 2017, había creado una red de clientes en toda España que se encargaba de localizar y canalizar a los inmigrantes hacia puestos de trabajo “escasamente remunerados” y con “condiciones laborales abusivas” aprovechándose de la “situación de precariedad de las víctimas”.

Estas víctimas llegaban a España principalmente por vía aérea desde París (Francia), pagando entre 250 y 350 euros, para ser colocadas posteriormente en trabajos agrícolas o como empleadas de hogar. Algunas de estas personas trabajaban en jornadas de más 14 horas diarias, sin contrato y sin ser dadas de alta en ningún régimen de la Seguridad Social.

Este grupo había creado una asociación social y cultural radicada en la provincia de Segovia para blanquear y encubrir sus actividades ilegales. Su principal responsable se hacía pasar por miembro de otro tipo de organizaciones legalmente establecidas y reconocidas.

A su vez, la Dirección Especial de la Inspección de Trabajo ha dado inicio a expedientes sancionadores contra los empresarios empleadores de estos inmigrantes contratados en situación irregular. Estas infracciones pueden llevar asociadas sanciones que oscilarían entre 10.001 y 100.000 euros por infracción muy grave a la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, artículo 54.1.d.