En datos generales, el Estado destinó a este programa un presupuesto de alrededor de 305 millones de euros en 2017, que representó aproximadamente un 5% del total del presupuesto en I+D+i. En el análisis, se constata la falta de alineamiento entre los retos estratégicos y los objetivos específicos de las actuaciones del Programa.

El documento también concluye que el nivel de cobertura en las ayudas a lo largo de la carrera investigadora no es homogéneo y que las cuantías no se han actualizado. Además, los técnicos ven margen de mejora en la reputación de las instituciones y la calidad investigadora de España y critica la alta burocratización del procedimiento, su falta de transparencia y la información dispersa de las diferentes ayudas de investigación.

El estudio se ha centrado en la ayuda de Formación de Personal Investigador (FPI), que cuenta con un presupuesto anual de 98 millones de euros, y los contratos Ramón y Cajal, con 54 millones de euros. La primera aparece al comienzo de la etapa investigadora y los segundos, en la etapa de consolidación de investigadores.

La Airef concluye que recibir una ayuda predoctoral FPI, que cuenta con un diseño de selección de candidatos en el que puede existir discrecionalidad, parece conducir, al menos a corto plazo, a “peores resultados” en algunos aspectos de la vida laboral. En cambio, la ayuda tiene un impacto positivo sobre la finalización del doctorado y, limitado, sobre la producción científica, en cantidad y calidad.

Por el contrario, recibir un contrato posdoctoral Ramón y Cajal, que cuenta con un "diseño riguroso donde prima la excelencia académica" en la selección de sus candidatos, mejora la producción científica y aumenta la probabilidad de obtener empleo y percibir un mayor salario. “Hay que destacar que existen indicios de que el programa Ramón y Cajal ayuda al sistema español de I+D+i a captar y fijar talento, al ofrecer oportunidades profesionales de alto nivel en España a investigadores que también son muy valorados en el extranjero”, recogen.

Entre las propuestas tras el estudio, sugieren el diseño de un sistema de financiación basado en la excelencia y el rendimiento, así como unificar la información de los programas de ayudas en una única plataforma web y promover oportunidades en el sector privado, entre otras diecisiete.