Con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas que se celebra mañana, 20 de junio, y ante la entrada del verano y el auge de las llegadas de pateras, AI señaló que "el nuevo Gobierno tendrá que decidir si sigue manteniendo una posición ambivalente en sus políticas migratorias o si da un paso al frente para proteger de manera adecuada a las personas migrantes y refugiadas".

Según Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, “Pedro Sánchez aseguró que derogaría la denominada ley mordaza, y queremos ver cómo se lleva a cabo una reforma en la que, entre otros aspectos, se elimine la disposición que permite llevar a cabo devoluciones en caliente, prohibidas por el Derecho internacional”. Dijo que en 2018 España devolvió “en caliente” a 658 personas, y señaló que Marruecos no es un país seguro para estas personas, ya que afirmó que en territorio marroquí se producen numerosas violaciones y abusos.

Indicó que la aplicación del acuerdo de 1992 entre España y Marruecos "es una muestra más de unas políticas de externalización que pretenden hacer de países como Marruecos o Libia guardianes” para contener la migración y mantener la "fortaleza Europa cerrada a cal y canto". Por otro lado, Amnistía apuntó que el Gobierno de Sánchez ha mantenido a nivel europeo un discurso solidario en términos de acogida de personas refugiadas y ha llevado a cabo algunas medidas positivas en materia migratoria, como la acogida de más de 600 personas rescatadas por el 'Aquarius' que quedaron a la deriva cuando Italia y Malta se negaron a permitir que el barco atracara en su territorio.

Sin embargo, "anuncios esperanzadores como el de la retirada de las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla no se han llegado a materializar", prosiguió, y se han adoptado "medidas preocupantes, como el bloqueo de dos barcos 'Open Arms' y 'Aita Mari' en los puertos de Barcelona y Pasaia, respectivamente, durante más de tres meses sin poder realizar sus labores de salvamento y rescate".

Además, las solicitudes de asilo en España se encuentran colapsadas, ya que, según cifras de Eurostat, en marzo de 2019 España tenía pendientes de resolver más de 100.000 solicitudes de protección internacional.

Finalmente, Amnistía pidió al nuevo Gobierno "poner especial atención en las personas más vulnerables y que pueden ser potenciales solicitantes de asilo: mujeres víctimas de violencia de género, incluidas las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, menores o personas LGBTI".