Es el primer incremento de estas quejas después de los descensos registrados en los tres años precedentes (19.216 reclamaciones en 2017, un 4,21% menos; 20.061 en 2016, -35,3%, y 31.030 en 2015, -9,6%). En 2014 subieron un 8,6% y se situaron en 34.327 protestas formalizadas.

Las reclamaciones por servicios convergentes subieron 3,3 puntos, hasta acaparar el 58,7% del total, y también se incrementaron ligeramente las de comunicaciones fijas (22,0% frente a 21,6%). En cambio, bajaron las relativas a comunicaciones móviles (de 22,5 a 18,4%).

Un año más, la facturación fue el primer motivo de reclamación en los paquetes convergentes y móviles, seguido de la tramitación de bajas. En telefonía fija, las bajas fueron la primera causa, por delante de incidencias e interrupciones.

Por operadores, MásMóvil ocupó el primer lugar en convergentes (20,24 reclamaciones por cada 10.000 abonados), precediendo a Vodafone (9,84), Yoigo (5,87), Jazztel (5,25), Orange (3,00), Telecable (2,63), Pepemobile (2,47), Movistar (2,18), R Cable (1,32) y Euskaltel (0,71).

En Móviles, la ‘teleco’ más reclamada fue Vodafone (3,49), seguida de Movistar (2,29), Orange (1,46) y Yoigo (1,40), y en comunicaciones Fijas, MásMóvil congregó la mayoría de quejas (96,2 por cada 10.000 abonados) seguida de Jazztel (40,5), Orange (18,4) Vodafone (17,7) y Movistar (8,61).

En el capítulo de quejas por la atención prestada al cliente, MásMóvil también es el que peor parado sale (0,96), seguido de Vodafone (0,67), Jazztel (0,58), Movistar (0,31), Yoigo (0,26) y Orange (0,12).

Fuentes del Ministerio de Economía y Empresa señalaron a Servimedia que las reclamaciones aumentan porque se le ha dado mayor difusión a la existencia de la Oficina de atención al usuario de las telecomunicaciones, sobre todo a través de Twitter.

De hecho, las consultas totales recibidas en el centro han subido un 13,4% en el último año, hasta las 76.815 peticiones, con una media diaria de 254 consultas.

Cuando un usuario no está conforme con su factura, primero tiene que reclamarle a su operador, de modo que la oficina de la Secretaría de Estado de Avance Digital se convierte en una ‘segunda instancia’.