Según recordó durante un seminario organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander con el patrocinio de BBVA, la norma es “flexible” y habilita al Gobierno a modificar los calendarios.

De hecho, el Ejecutivo ha variado ya dos veces el escenario temporal al extender desde diciembre de 2017 a 2019 el calendario que había fijado cuando se nacionalizó en una normativa de 2019, y el pasado ejercicio quiso ganar otros dos años, extendiéndolo hasta finales de 2021, ante el castigo de los mercados a los valores bancarios y con el único objetivo de tratar de recuperar el máximo de ayudas posibles.

La posición del Frob, que controla un 61,4% de Bankia, es “de desinversión” y por eso indicó que está en un “constante análisis” buscando ventanas de oportunidad para retomar las desinversiones efectuadas, en paquetes de acciones, en 2014 y 2017. “A corto plazo no son favorables, pero no dejamos de monitorizar”, aseguró, y reconoció que “a medida que vaya pasando el tiempo deberá reevaluarse ese plazo” si el contexto no cambia.

Ponce aseguró que aún no se ha dado el paso de determinar si es aconsejable sustituir al Estado en el accionariado con nuevas ventas de pequeños paquetes, o de participaciones superiores o si debería buscarse otras alternativas.

En este sentido y preguntado específicamente por una posibilidad de operación corporativa como la planteada por Goldman Sachs con el Sabadell, dijo que no había nada así sobre la mesa y se refirió a las declaraciones del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en el mismo foro, donde aseguró que el plan estratégico del banco no contempla cambio alguno de perímetro ni fusiones.

“El Frob no está en negociaciones de ningún tipo con esa entidad ni con ninguna otra, porque no es nuestro cometido iniciar una operación corporativa”, explicó. Según explicó, el Frob es un accionista mayoritario y tiene capacidad de votar de forma que “en caso de que se presenten” ejercería los derechos políticos “de manera responsable”, valorándolo como haría cualquier accionista “desde la perspectiva de generación de valor”, algo que insistió en que “no es el caso” actual.

Ponce relató que en el momento de la propia inyección de capital se planteó un gobierno corporativo para el banco que “hace mucho hincapié” en depositar la responsabilidad de la gestión del negocio en sus gestores y en la “no injerencia, en la no participación de las decisiones de negocio ordinario”.

Indicó que la “amplia y completa autonomía de juicio profesional” es lo que corresponde a una compañía como Bankia que además participa en el Ibex 35, y con los años transcurridos se ha demostrado que esta política “es positiva”.

Explicó que para adoptar este modelo se analizó el utilizado en Holanda e hizo suya la explicación recibida de un “colega” al respecto: “Decía: yo confío en unos gestores para gestionar entidades privadas. Si lo hicieran mal los sustituiría, pero jamás lo haría yo”.

En este sentido, avaló que el equipo de la entidad es “profesional”, “de amplia experiencia, de absoluto compromiso con el proyecto de Bankia”, por lo que “requiere un reconocimiento” a su mérito.