La representante del Ministerio Público Carmen Luciáñez mantuvo, durante el trámite de exposición de sus conclusiones definitivas, que existen "dudas" en la causa que se deben traducir en la absolución de los cuatro acusados. "Existen dudas sobre la propiedad de los ordenadores" y es que "Bárcenas solo ha aportado una factura de la reparación de uno de los ordenadores". Ni siquiera, continuó, ha pedido la devolución de los equipos. "No ha hecho nada".

Asimismo, afirmó que "no es incongruente" que el partido entendiese que los ordenadores eran suyos y que, por tanto, de haber destruido la información era, en todo caso, del PP. "Si partimos de la base de que el PP destruyó la contabilidad B, entendemos que esa información era del PP", afirmó. Según Bárcenas, los equipos contenían datos de las campañas del partido hasta el año 2008, de su financiación opaca o de los donantes, entre otros documentos.

Además, apuntó que "no es descabellada" la idea planteada por el responsable jurídico del PP, Alberto Durán, en relación a que el extesorero quería mantener en la sala Andalucía sus equipos para tener una prueba constituida en el procedimiento laboral en el que reclamaba una indemnización por despido. A su juicio es "llamativo" que, en teoría, retiren los ordenadores en febrero y hasta abril o mayo "no se proceda a la destrucción de los discos duros" . En esta línea, agregó, "¿Cómo unos archivos del año 93 pueden estar realizados en un ordenador de 1998?". Existen "dudas" sobre la credibilidad de Bárcenas, insistió, debido a las "contradicciones"de su declaración.

Por otra parte, la fiscal contestó a las críticas de la letrada del Observatori Desc sobre su papel en esta causa. "La actuación del Ministerio Fiscal siempre se basa en el principio de legalidad y este principio es el que ha dirigido la actuación", afirmó, tras reprochar a la acusación que haya considerado que la representante fiscal ha actuado "libremente" en el procedimiento. Para el Ministerio Público, "no han quedado acreditados" los delitos por los que se acusa al PP junto a la extesorera Carmen Navarro, el responsable jurídico Alberto Durán y el responsable informático Jose Manuel Moreno, por todo ello interesa la absolución de los acusados.