Según informó el Supremo este jueves, en esta resolución se confirma el fondo de la sentencia que previamente había dictado el Tribunal Militar Central, aunque rebaja ligeramente la pena de uno de los militares condenados.

Así, el Alto Tribunal estima de forma parcial el recurso de casación interpuesto por el teniente coronel A.G.G. y rebaja de seis a cinco meses la pena que le impuso el Tribunal Militar Central como autor de un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar. La estimación del recurso de uno de los condenados cuenta en la sentencia con un voto particular de los magistrados, que estima que no había justificación para disminuir la pena.

En el caso de este militar, la estimación del recurso se produce porque la Sala no ha considerado probado uno de los hechos por los que fue condenado. La sentencia explica que no rebaja la pena en mayor medida al tener en cuenta su empleo militar y la condición de interventor de la Igesan.

FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS

Sin embargo, el Supremo desestima los recursos planteados por los otros tres condenados contra la sentencia recurrida. Esta resolución condenó a tres años de prisión al teniente coronel F.N.C. por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar, dos años de prisión al teniente M.A.G. por el mismo delito y tres meses de prisión al empresario U.L.G. por un delito de cohecho.

La sentencia, con ponencia del magistrado Javier Juliani, considera acreditado el relato de hechos probados, salvo en uno de los hechos atribuidos a A.G.G. El Alto Tribunal concluye que el teniente coronel F.N.C. ideó un sistema para cobrar comisiones en la contratación con empresas propiedad del empresario también condenado.

Este militar diseñó un plan según el cual calculaba “los contratos con un beneficio en favor del empresario, excesivo en relación con el que era normal en el tráfico económico análogo, del que se entregaba la mitad por U.L.G. en algunas ocasiones al teniente M.A.G. y en otras al teniente coronel F.N.C.”.

La Sala recoge que, según los hechos probados, entre finales de 2008 y principios de 2009 el teniente coronel F.N.C. y el teniente G.C., entonces subteniente, con aprovechamiento de su posición relativa en la contratación de la Igesan idearon este sistema para cobrar comisiones.

Con el fin de que el empresario tuviera trato preferente en los contratos, los militares unas veces fraccionaban los contratos y en otras ocasiones llegaban a la contratación verbal, únicamente prevista para situaciones de emergencia. Asimismo, otras veces usaron el procedimiento negociado sin publicidad con concurrencia limitada.