A la vista de los informes de la autopsia, la Red de Inmigración considera que pudo haber “uso excesivo de la fuerza” por parte de seis personas que pudo desembocar en una “asfixia mecánica”, aunque sin descartar el consumo de tóxicos estupefacientes.

Así lo puso de manifiesto a través de un comunicado en el que, además de considerar esta hipótesis como “congruente”, también señaló “relevantes incorrecciones” en la versión ofrecida por el centro en torno a este caso, en el que se ha personado como acusación popular.

Atendiendo a los protocolos vigentes, la Red calificó de “excesivo” el uso de personal y las maniobras utilizadas, así como de “ilógico” que se adoptasen estas medidas de contención cuando, puntualizó, el joven "no tenía partes o actuaciones previas”.

Por estas razones, los servicios jurídicos de la Red elaborarán una nueva batería de elementos periciales y, una vez realizadas las “comprobaciones oportunas”, solicitará que, de cara a la vista oral del juicio, se llame a declarar al personal que intervino en estas maniobras, así como al responsable que dio la orden de ejecutarlas.

Asimismo, solicitará la prueba testifical de los funcionarios de la Consejería de Justicia encargados de realizar un seguimiento del centro y pedirá copia de los partes de incidencia de ese interno, entre otra documentación, con el fin de poder determinar la “coherencia y proporcionalidad” de las actuaciones que pudieron llevar a la muerte de este joven.