El requisito decae con la entrada en vigor de la nueva normativa europea sobre folletos, extinguiéndose así una exigencia que era singular de España desde el año 2005 y convertía en “más gravoso” el régimen para operaciones u ofertas españolas, indicó este lunes el organismo supervisor.

Según CNMV, “no consta” que ese requisito se haya aplicado por otras autoridades de la Unión Europea y ni tampoco era de aplicación a la comercialización de dichos valores en mercado secundario, de forma que su ámbito de aplicación “era limitado”.

Se trata además de una práctica que es ajena a la nueva normativa europea sobre folletos de oferta pública y admisión a cotización de valores, cuya finalidad es “impulsar la máxima armonización en la Unión Europea tanto en lo que respecta al contenido de los folletos como en lo relativo a su supervisión y aprobación”, detalló el organismo.

A juicio de la CNMV, retirar la exigencia “no redundará en un nivel inferior de protección de los inversores minoristas”, ya que la ley exige a bancos y empresas de servicios de inversión realizar advertencias cuando la diferencia entre el precio o importe efectivo al que el cliente vaya a realizar la transacción y el valor razonable del instrumento financiero supere ciertos umbrales.

Por otra parte, varias normativas europeas como la MiFID y PRIIPS3 han reforzado las exigencias de información con clientes y en el control en la distribución de los productos.

De forma adicional, cuando se trata de emisiones de valores subordinados u otros computables como recursos propios de entidades de crédito la ley exige además que, al menos, el 50% de los títulos se adquiera por un mínimo de 50 inversores profesionales y que el valor nominal unitario de los mismos supere determinados umbrales, garantizando así una correcta fijación de su precio.