En un comunicado, UPTA consideró que “la pasividad legislativa y la injustificada lentitud para modificar la Ley de Segunda Oportunidad han quedado patentes” en la sentencia del Supremo.

En concreto, el fallo capacita a los juzgados de lo mercantil para actuar sobre los créditos públicos –deudas con Hacienda y la Seguridad Social- que la ley dejaba fuera de exoneración, de manera que los juzgados podrán determinar si se aplican condonaciones de hasta un 70% de las deudas. Además, plantea la posibilidad de fraccionar el pago de las cantidades restantes.

UPTA señaló que éstas eran alegaciones que presentó en la tramitación parlamentaria de dicha ley y que “cayeron en saco roto”. Destacó que el espíritu de la ley era que los autónomos que habían fracasado en su negocio pudieran volver a intentarlo en condiciones ventajosas pero que esa situación “en ningún caso se dio” con la ley y “desgraciadamente, los juzgados están haciendo el trabajo del legislador”.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, lamentó que “miles de autónomos” que han cerrado sus negocios han acabado como deudores de la Administración y que “todos estos casos podrían haber tenido solución en su momento y no haber hecho pasar un calvario a cientos de trabajadores autónomos afectados”.