“La invasión anárquica de este tipo de vehículos, que colonizan las grandes ciudades, es ya una cuestión de seguridad pública, en términos de emergencia, que pone en peligro la integridad e indemnidad de los peatones, especialmente los más frágiles, como las personas con discapacidad, las personas mayores y los niños y niñas, que están siendo expulsados del espacio público”, denuncia el Cermi en un comunicado.

A su juicio, “los nuevos ayuntamientos no pueden eludir por más tiempo este asunto, debiendo dotarse de normativa local exigente, que luego han de hacer cumplir escrupulosamente, evitando así las situaciones de burla e impunidad a las normas en que se encuentran la mayor parte de las ciudades donde circulan VMP”.

Precisamente, el Cermi recuerda que para dar una solución completa a este problema en todo el país viene reclamando al Gobierno de España, a través de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior, que modifique el Reglamento General de Circulación y el Reglamento de Vehículos para que la prohibición de circular y estacionar en las aceras y espacios peatonales de los VMP sea obligación en todo el país, y no quede a voluntad de cada ayuntamiento.