La revisión de estos estándares, desarrollada en el contexto de las iniciativas de simplificación normativa impulsadas por la Comisión Europea, ha supuesto una reducción superior al 60% de los contenidos respecto de la versión original. Durante este proceso, según indicó el Cermi en un comunicado, existía "el riesgo de que desaparecieran las referencias a la discapacidad, debilitando su consideración en las estrategias empresariales de sostenibilidad, responsabilidad social e inclusión".

Finalmente, la discapacidad permanece "fruto de una acción de incidencia europea en la que han colaborado el Grupo Social ONCE, especialmente a través de Fundación ONCE, el Cermi y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF)". "Esta labor conjunta ha defendido ante las instituciones europeas la necesidad de preservar la dimensión inclusiva de los estándares y de mantener la discapacidad entre las cuestiones relevantes para evaluar el desempeño social de las empresas", destacó.

Los estándares definitivamente aprobados contienen referencias a la discapacidad en los cuatro ámbitos de información social que contemplan: el personal propio de las empresas, las personas trabajadoras de su cadena de valor, los grupos afectados por sus actividades y las personas consumidoras y usuarias finales. En total, se mantienen 23 menciones a la discapacidad, incluido un indicador específico sobre el porcentaje de personas con discapacidad en la plantilla empresarial.

Asimismo, los estándares reconocen la importancia del empleo y la inclusión de las personas con discapacidad en los análisis de materialidad de las empresas, incorporan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre los instrumentos de derechos humanos y contemplan cuestiones como la discriminación, la discapacidad sobrevenida, los mecanismos de reclamación y la participación de las personas con discapacidad en los procesos de diálogo con los grupos de interés.

Los estándares voluntarios complementarios también incluyen expresamente el empleo y la inclusión de las personas con discapacidad entre las cuestiones de sostenibilidad que deben considerar las empresas a las que se dirigen.

Para el Cermi, la conservación de estas referencias representa "un resultado relevante para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito económico y empresarial europeo". "La sostenibilidad no puede limitarse a sus dimensiones ambientales y de gobernanza, sino que debe incorporar de manera efectiva la igualdad de trato, la no discriminación, la inclusión laboral y el respeto a los derechos humanos de todas las personas", concluyó.