Con el título 'No Home for Children: The Homestead Temporary Emergency Facility', el informe pide que este centro de Florida sea "clausurado lo antes posible" y que los menores sean alojados en albergues autorizados "de tamaño reducido y entregados a personas reagrupantes adecuadas".

Según AI, las deficientes condiciones del centro reflejan "las desastrosas consecuencias de las políticas de Estados Unidos hacia los menores de edad que buscan protección" y hacia las personas que migran intentando reconstruir sus vidas.

Para Denise Bell, investigadora de Amnistía Internacional Estados Unidos sobre derechos de las personas refugiadas y migrantes, “Homestead no es un hogar para menores”, sino "una cadena industrial para procesar un número masivo de niños y niñas. "El mensaje de la administración Trump con este centro es claro: si llegan a Estados Unidos niños y niñas que huyen para salvar la vida, el gobierno los va a encerrar y va a dificultar al máximo que salgan en libertad”.

Amnistía Internacional visitó el centro en dos ocasiones: en abril y en julio de 2019. A principios de abril, el centro albergaba a más de 2.100 personas de entre 13 y 17 años. Llegó a acoger a casi 2.500 niños y niñas y en la actualidad tiene algo menos de 2.000, según afirma la organización en un comunicado.

Asimismo, señaló que muchos de los niños recluidos en Homestead sufrían persecución y violencia selectiva en Centroamérica, donde sus gobiernos no quieren o no pueden protegerlos. Subrayó que estos hicieron un penoso viaje de miles de kilómetros hasta Estados Unidos, solos o junto a un familiar o adulto de confianza, de quien fueron separados más tarde.

FORMULARIOS

Durante el tiempo que permanecen detenidos, los menores se hallan recluidos en un entorno "muy restrictivo", recoge el informe. "Allí deben seguir un horario muy reglamentado y estricto, llevar tarjetas de identificación con códigos de barras que se escanean cada vez que entran y salen de un edificio y solicitar servicios básicos por medio de un formulario. Las niñas deben cumplimentar una solicitud incluso cuando necesitan una compresa higiénica".

Agrega que aunque los menores reciben servicios educativos, las clases no siguen el currículo de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Su situación se agrava porque muchos de ellos hablan lenguas indígenas y se enfrentan a barreras comunicativas para acceder a cualquier servicio.

Según la dirección del centro, los niños y niñas de Homestead permanecían una media de 89 días. Cuando Amnistía Internacional visitó el centro en abril, los menores estaban recluidos allí una media de 52 días antes de ser entregados a una persona reagrupante o trasladados a otro centro donde continuaban detenidos.

Según Bell, "los pequeños detenidos en Homestead están asustados, solos y lejos de su casa. La inmensa mayoría tiene reagrupantes dispuestos a hacerse cargo de ellos, muchos de los cuales son progenitores y familiares”.

A su juicio, “la detención prolongada e indefinida de menores de edad es una crisis que ha causado el propio gobierno. "La administración decidió dificultar al máximo la libertad de estos niños y niñas al poner a los posibles reagrupantes en peligro de ser deportados, debido a una política innecesaria de intercambio de información que perpetuaba la separación de familias y que debe ser revocada”.

Por ello, El informe pide la clausura del centro de Homestead e insta a investigar las condiciones de este y otros centros temporales. "Los menores de edad nunca deben ser privados de libertad, pero si son detenidos, han de estarlo el menor tiempo posible y en el entorno menos restrictivo posible", concluyó.