Según informó este viernes el Ministerio del Interior, el centro de llamadas disponía de más de 50 puestos de operador para la gestión diaria ininterrumpida de cientos de llamadas fraudulentas, simulando ser intermediarios encargados de saldar deudas de morosos.

Los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar la llamada de forma innecesaria para aumentar la tarificación.

Cada víctima sufría un timo medio de unos 1.000 euros en su factura telefónica, si bien apenas existían denuncias, ya que no lo percibían como un fraude sino como un trámite legal debido a su impecable diseño y funcionamiento.

Tras una investigación de más de tres años, han sido detenidos los siete responsables de las sociedades titulares de los números de tarificación individual y del resto de empresas pantalla.

Asimismo, han sido intervenidos más de 220.000 euros en efectivo, si bien los investigadores estiman que el beneficio económico obtenido por la organización supera los cuatro millones de euros.

FICHEROS DE MOROSIDAD

Los siete detenidos se hacían pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad para eliminar el importe de las supuestas deudas, aunque posteriormente se quedaban el dinero y la deuda seguía existiendo.

Esta operación se enmarca en el plan de choque establecido por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional contra el fraude.

La investigación se inició a mediados del año 2016, cuando se detectó el funcionamiento de esta organización criminal. La forma de actuar consistía en utilizar diferentes páginas web que ofrecían servicios de gestión de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los diferentes ficheros de solvencia patrimonial y crédito.

Estos servicios eran ofertados por el grupo criminal de forma supuestamente gratuita a través de las mercantiles que habían constituido, cuando realmente conducían a los usuarios a iniciar un proceso que incluía llamadas de tarificación adicional de manera fraudulenta, lo que suponía un alto perjuicio económico para las víctimas.

Las empresas de los detenidos usaban sin autorización las marcas comerciales que eran propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad. A continuación confeccionaban sus páginas web para transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial.

LLAMADAS INTERMINABLES

Para maximizar los beneficios económicos, los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible mediante silencios y la supuesta realización de gestiones para alargar las llamadas y aumentar la tarificación. Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, tiempo máximo permitido por la ley para las llamadas a los números de tarificación adicional.

En el caso de que las víctimas se pusiesen en contacto con la compañía para solicitar información sobre los ficheros de morosidad y no estuvieran incluidos en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos ficheros de morosidad e indicaban que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso. Les decían que ese número era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada sería de cinco minutos.

Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad, obligándole por tanto a realizar varias llamadas sin recibir ninguna contraprestación por parte de las empresas investigadas y con un gran perjuicio económico. Los detenidos obtenían ingresos ingentes: en uno sólo de los múltiples teléfonos que utilizaban podían obtener unos beneficios superiores a los 80.000 euros.

EMPRESAS FANTASMA Y TESTAFERROS

Para darse a conocer y aumentar el número de posibles víctimas, no dudaban en realizar una campaña de 'addwords' para posicionar sus páginas web en los primeros lugares de los buscadores. De esa manera, cuando un usuario realizaba una búsqueda en Internet para buscar información relativa a los ficheros de morosidad, en vez de aparecer en primer lugar las páginas legales aparecían las de la compañía denunciada.

Los agentes constataron que las actividades delictivas no se limitaban a utilizar números de tarificación adicional para obtener el dinero de las víctimas, sino que, además, al finalizar el proceso telefónico remitían a la víctima un informe con el dinero que supuestamente adeudaban y que tenían que ingresar para poder salir de los ficheros de morosidad. Ese dinero se lo quedaban los detenidos y no lo utilizaban para sacar a las víctimas de los ficheros de morosidad, por lo que las personas estafadas se quedaban sin el dinero y seguían incluidas en esos ficheros.

En el transcurso de la investigación se detectó que los investigados, sobre los que pesaban más de 15 requisitorias por sus actividades delictivas, empezaban a pasar a un segundo plano para evitar ser detectados y comenzaban a utilizar empresas pantalla y testaferros como cabezas visibles de sus actividades ilícitas. Además, para evadir la acción de la justicia, los dos principales investigados cambiaban frecuentemente de domicilio. Por este motivo fue bastante difícil localizarles.

Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias utilizadas para recibir los ingresos procedentes de la estafa, de momento no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado, aunque si se tiene en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una de ellas puede ser cercano a los 1.000 euros, el beneficio ilícito obtenido por los detenidos superaría los cuatro millones de euros.

Una vez obtenida toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y registraron el centro de llamadas ubicado en una localidad de Madrid.

Los policías intervinieron más de 220.000 euros en efectivo, así como numerosos dispositivos electrónicos procedentes del 'call center' desde donde atendían las llamadas con documentación relativa a la facturación y a los clientes de la empresa y documentación física.