Amnistía Internacional reclama el fin de las violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial en el 40 aniversario del gobierno de Obiang

MADRID
SERVIMEDIA

Amnistía Internacional (AI) reclamó de nuevo este viernes que se ponga fin a décadas de abusos y violaciones de derechos humanos en Guinea Ecuatorial, en el 40 aniversario del golpe de Estado que llevó al poder a Teodoro Obiang Nguema. La organización no gubernamental asegura haber documentado en estas cuatro décadas casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y persecución de activistas políticos y de defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Las personas de Guinea Ecuatorial que cumplan 40 este año nacieron y crecieron en un país en el que los derechos humanos se han violado de manera constante y sistemática. La gente lleva demasiado tiempo viviendo en un clima de temor a causa de la impunidad por los abusos y violaciones de derechos humanos tales como el encarcelamiento, por cargos falsos, de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas y políticos de oposición”, manifestó Marta Colomer, encargada de campañas sénior de Amnistía Internacional para África Occidental.

La organización asegura que, aunque el Parlamento aprobó en 2006 una ley que prohibía la tortura y que entró en vigor en noviembre de ese año, la Policía sigue torturando de forma habitual a las personas detenidas para obtener confesiones. Uno de los casos es el de Joaquín Elo Ayeto, activista y miembro del partido de oposición Convergencia para la Democracia Social, que actualmente se encuentra recluido. Fue detenido el 25 de febrero de este año en su casa de Malabo y llevado a la Comisaría Central de Policía. Mientras estaba en la comisaría lo golpearon con brutalidad y lo colgaron de las manos. La Policía quería que confesara una presunta conspiración para matar al presidente, según AI.

Amnistía Internacional afirma también que las ejecuciones durante el Gobierno del presidente Nguema comenzaron un mes después del golpe de Estado que lo llevó al poder y han continuado. Las últimas documentadas fueron en enero de 2014, cuando se acabó con la vida de nueve hombres declarados culpables de asesinato solo 13 días antes de que se dictara una moratoria temporal de la pena de muerte.

ATAQUES CONTRA LA INFANCIA

“No se ha hecho una excepción ni siquiera con los menores de edad”, afirma la organización. El 5 de febrero de 2015, decenas de niños y niñas formaron parte de los 300 jóvenes detenidos arbitrariamente y golpeados tras las protestas durante la Copa Africana de Naciones en Malabo.

La mayoría fueron detenidos en sus casas por la noche, o en calles alejadas del estadio de fútbol. Fueron conducidos a la Comisaría Central de Policía de Malabo, donde recibieron entre 20 y 30 latigazos cada uno y fueron recluidos en celdas saturadas y mal ventiladas ocupadas por presuntos delincuentes adultos. A algunos detenidos los pusieron en libertad cuando sus familias pagaron sobornos a la Policía.

Más recientemente, en febrero de 2019, Amnistía Internacional destacó la falta de cumplimiento de los compromisos respecto a garantizar el derecho de los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los periodistas a trabajar en un entorno libre de intimidación, acoso, violencia y detenciones arbitrarias. El 5 de julio, las autoridades emitieron un decreto en el que pedían la disolución del Centro de Estudios e Iniciativas para el Desarrollo (CEID).

Además, la organización asegura que los 40 años del presidente Nguema en el poder se han caracterizado también por la falta de independencia del poder judicial.

Ciento doce personas fueron declaradas culpables durante un juicio colectivo que tuvo lugar en la ciudad de Bata por un presunto intento de golpe de Estado en diciembre de 2017. La declaración de culpabilidad, afirma AI, estuvo llena de irregularidades procesales y de decisiones en contra de la defensa. A pesar de una resolución judicial que pedía su liberación inmediata desde abril de este año, Bertin Koovi, opositor político y activista de Benín, continúa bajo custodia de la Policía en la ciudad de Bata.

“Ya es hora de que el presidente Nguema cierre este atroz capítulo del historial de derechos humanos de su gobierno y encabece una nueva era en la que los derechos humanos se respeten, protejan, promuevan y realicen de manera completa y efectiva”, concluyó Marta Colomer.

(SERVIMEDIA)
02 Ago 2019
VMM/caa