Según el auto del juez De la Mata, existen indicios de que Carbó, que era en el momento de los hechos directivo de la productora Triacom Audiovisual, recibió instrucciones “expresas y directas de Germà Gordó”, exgerente de CDC y exconseller de Justicia de la Generalitat, para que pagara la deuda que Convergència había contraído con el empresario Joan Manuel Parra con motivo de la campaña electoral de 2010.

Las investigaciones desvelaron que Gordó le indicó que fraccionara los pagos en seis partes, que se cobrarían mediante las correspondientes facturas a la empresa Triacom, sin que estuvieran respaldadas por la realización de ningún servicio, saldando así una deuda de alrededor de 750.000 euros contraída por CDC con las empresas de Parra.

Según los indicios en manos del juez, Gordó y Carbó mantuvieron varias reuniones en las que se acordó el concepto por el que se debían librar las facturas y luego era el exgerente de TV3 el que explicaba a Parra cómo las debía hacer simulando trabajos de colaboración con la cadena pública.

Además, el juez ordena a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que entregue a la Guardia Civil todos los contratos que haya realizado con Oriol Carbó y la empresa Triacom Audivisual S.L. o cualquier otra vinculada con ella.