En un comunicado, indicó que la continua inseguridad ha debilitado la autoridad de las instituciones estatales en algunas partes del país, particularmente en las regiones norte y central. Civiles, políticos, funcionarios públicos y fuerzas de seguridad son objeto de ataques y asesinatos.

Según Acnur, cerca de 200 efectivos de las fuerzas de mantenimiento de la paz han sido asesinados desde 2013, convirtiéndola en la operación de mantenimiento de la paz más mortífera en el mundo. Las personas que colaboran con las fuerzas de defensa nacional o internacional se convierten también en objetivo de los ataques.

Las poblaciones locales, particularmente en las regiones centrales, denuncian violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluidas ejecuciones sumarias, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias.

Los traficantes y contrabandistas operan con total impunidad, y denunció que la crisis tiene "un efecto devastador y desproporcionado sobre los niños y niñas, que son reclutados a la fuerza por grupos armados, secuestrados y asesinados".

A más de 285.000 menores se les ha privado del acceso a la educación debido al cierre de escuelas, principalmente en la región de Mopti, y las niñas sufren además violaciones y agresiones sexuales.

Asimismo, Acnur denunció que el acceso humanitario se ve muy restringido, lo que crea dificultades significativas para acceder a servicios de salud, agua y saneamiento.

Por último, señaló que la sequía y la desertificación en el Sahel han exacerbado la ya escasa disponibilidad de alimentos.

Se estima que 3,4 millones de malienses necesitan asistencia humanitaria y, de ellos, aproximadamente 2,9 millones se encuentran en zonas del país afectadas por el conflicto en curso.

Además, casi 140.000 refugiados malienses se han visto obligados a huir a países vecinos desde 2013, principalmente a Burkina Faso, Mauritania y Níger.

Por ello, Acnur instó a los estados a proporcionar acceso al territorio y a los procedimientos de asilo a las personas que huyen del conflicto en Mali. "Ninguna persona procedente de las regiones afectadas por el conflicto debería ser devuelta de manera forzosa a Mali, puesto que el resto del país no debe ser considerado como una alternativa adecuada al asilo hasta el momento en que la seguridad y los derechos humanos hayan mejorado de forma significativa", concluyó.