Acordada en la comisión no permanente para las Políticas Integrales de Discapacidad, la proposición indica que dicho trabajo ayudaría a determinar los centros de referencia que se deben crear y a establecer los recursos más acordes con sus necesidades.

Asimismo insta al ministerio de Sanidad a revisar los baremos de la Ley de Dependencia para la clasificación de esta discapacidad y el establecimiento de las ayudas que precisa el colectivo, y pide a Educación que regule la cualificación profesional de los mediadores o facilitadores en sordoceguera, de acuerdo con lo previsto en la ley de lengua de signos (española y catalana) y apoyos a la comunicación oral, también en el plazo de seis meses.

La iniciativa fue propuesta por los grupos del PNV y del PP en el Congreso, y en su redacción final contiene enmiendas del grupo mixto y de CiU, sobre la especificación de lo que se entiende por “condiciones de vida” y la toma en consideración de la realidad autonómica y variedad lingüística de españa, respectivamente.

Por su parte, el PSOE señaló que lo referido a la regulación de las titulaciones y al estudio de la realidad de la sordoceguera ya está en marcha, y que la nueva baremación también se ha aprobado por real decreto.

Con todo, aunque había presentado una enmienda de sustitución, terminó por apoyar la medida.