Casi 1 millón de rohingyas todavía esperan justicia y una resolución sobre su futuro, dos años después de haber sido expulsados de sus hogares por las atrocidades masivas en Myanmar, y luchan por su seguridad y dignidad en Bangladesh como refugiados, según explican las organizaciones.

Las ONG expresaron su profunda preocupación por la seguridad de las familias afectadas en el estado de Rakhine a medida que el conflicto aumenta y el acceso humanitario sigue siendo limitado, y han instado a los gobiernos de Bangladesh y Myanmar a garantizar que cualquier proceso de retorno sea seguro, voluntario y digno, ya que esta semana circularon noticias de la posible repatriación acelerada de 3.450 refugiados rohingya.

Durante los últimos dos años, las ONG han ayudado al gobierno de Bangladesh y a las agencias de las Naciones Unidas a proporcionar apoyo vital para las personas que viven en el campo de refugiados más grande del mundo, Cox`s Bazar. Los esfuerzos han estabilizado las condiciones del campamento, fortalecido la preparación frente al monzón y ayudado a prevenir brotes de enfermedades. Pero las agencias aseguran que aún queda mucho por hacer y han pedido a la comunidad internacional que aumente la financiación de la respuesta humanitaria en Bangladesh y Myanmar.

"Dos años después de esta crisis, los niños rohingya aún luchan contra los dolorosos recuerdos y se enfrentan un futuro incierto", afirmó Rachel Wolff, directora de respuesta de World Vision en Bangladesh.

"Es nuestro deber proteger a estos jóvenes refugiados de cualquier daño físico adicional, pero también debemos defender sus derechos, tanto en Bangladesh como en Myanmar. Esto significa garantizar que puedan regresar a sus hogares de manera segura, voluntaria y digna cuando las condiciones sean propicias. Hasta entonces, necesitan y merecen más que lo básico para sobrevivir”, concluyó.

En Myanmar unos 128.000 desplazados rohingya y otras comunidades musulmanas han sido confinados en campamentos en el estado de Rakhine desde 2012. En Bangladesh, más de 25.000 niños refugiados no están escolarizados y el 97% de los adolescentes de 15 a 18 años no asisten a ningún tipo de centro educativo. Además, el porcentaje de hogares de la comunidad de acogida que viven con menos de 60 dólares al mes aumentó de 10 a 22 por ciento después de agosto de 2017.