Fue en concreto la secretaria del Juzgado de Ejecutorias número 7 de Madrid quien comunicó esta mañana a D’Urgell que “el procedimiento ejecutorio de la sentencia continúa su curso” a pesar de que el joven se haya declarado insolvente, según informaron desde el TSJM.

De esta forma, y si no abona la cuantía de la multa, el activista republicano podría enfrentarse al embargo de sus cuentas y bienes, a ser condenado a trabajos en beneficio de la comunidad o, incluso, a ingresar en prisión “por espacio de un día por cada dos cuotas diarias de multa de impagadas”, es decir, por un periodo de tres meses y medio.