A través de un comunicado emitido con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía indicó que las familias sirias que buscan a allegados “sufren desde hace años” la “angustia” que les provoca la inacción del Gobierno de Al Assad y el “apoyo insuficiente” de la comunidad internacional.

Por este motivo, esta ONG hizo un llamamiento a una “acción internacional unitaria” en apoyo de las familias que, a su juicio, llevan “años abandonadas a su suerte en la búsqueda de sus seres queridos”, y que, “a menudo corren un gran riesgo, además de hacer frente al impacto de la desaparición”.

Tras lamentar que, según cálculos de la ONU, el número de personas detenidas, secuestradas o desaparecidas en Siria desde 2011 asciende a unas 100.000, puntualizó que, según la Red Siria de Derechos Humanos, al menos, 90.000 de ellas han sido detenidas “arbitrariamente y sometidas a desaparición forzada a manos de fuerzas gubernamentales”.

"INCERTIDUMBRE PERMANENTE"

Las familias de estas personas desaparecidas “refieren las profundas consecuencias emocionales y psicológicas derivadas de vivir en una incertidumbre permanente, que agrava el devastador impacto económico”, deslizó Amnistía.

En este contexto, su directora de Investigación para Oriente Medio, Lynn Maalouf, subrayó cómo ocho años después del comienzo de la crisis, el gobierno sirio, los grupos armados de oposición y los Estados que ejercen más influencia sobre ellos, Rusia, Turquía e Irán, “han fallado a los familiares de las personas desaparecidas y en paradero desconocido”.

Para Amnistía Internacional, estas desapariciones forzadas están enmarcadas en un “ataque generalizado y sistemático” contra la población civil y constituyen un “crimen de lesa humanidad”.

Por ello, instó a Rusia, Turquía e Irán a que “utilicen su influencia” en Siria para permitir, “como mínimo indispensable”, la creación de una Oficina de Información central encargada de buscar, investigar e identificar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas en Siria.

El Gobierno sirio y los grupos armados de oposición tienen, para esta entidad no gubernamental, la “responsabilidad” de llevar a cabo “todas las medidas posibles” para esclarecer el paradero de las personas cuya desaparición se ha denunciado como consecuencia del conflicto armado así como proporcionar a las familias información sobre su paradero.